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La Fiscalía abre diligencias sobre convenio de Limdeco, relacionado con caso ERE

La Fiscalía abre diligencias sobre convenio de Limdeco, relacionado con caso ERE

EFE,. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias para analizar la legalidad del convenio colectivo de la empresa Limdeco, concesionaria del servicio de limpieza de Motril, supuestamente firmado a instancias de Francisco Javier Guerrero.

El Ministerio Público ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por la mercantil Limpieza Pública de la Costa Tropical (Limdeco) a través del Despacho V.A.M. Abogados, han detallado sus letrados en un comunicado.

La empresa de limpieza solicitó en su denuncia la declaración de nulidad radical o absoluta del convenio colectivo para el sector de la limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, al considerar que estuvo motivada por negociaciones "ilícitas".

Los letrados de Despacho V.A.M. Abogados han señalado que la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias considera que el convenio se firmó por la "presuntamente delictiva actuación" del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez Alaya en el caso de los ERE.

A su entender, Guerrero obligó a la Junta a hacerse cargo del pago de los perjuicios económicos generados por la firma del convenio a algunas de las empresas a las que afectaría y que sirvió para acabar con una huelga de limpieza en la Costa de Granada.

La empresa de limpieza pidió personarse en la causa de los ERE tras la publicación en prensa de informaciones según las cuales Guerrero acordó en 2005 aportar dinero de la partida 31L, conocida como "fondo de reptiles", para poner fin a una huelga de recogida de basuras en la provincia de Granada, aunque la juez que instruye el caso rechazó su personación.

Limdeco ha denunciado que tras el convenio, los trabajadores han planteado más de cien demandas de reclamación de cantidad para solicitar las diferencias salariales que se generan por la aplicación del convenio colectivo provincial frente al convenio de la empresa, cantidades que han estimado en más de nueve millones.

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