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El Centro de Acogida de Inmigrantes de Motril se desborda con la presencia de los 33 menores que llegaron en patera. El Fiscal General del Estado ha declarado que los menores no podrán ser expulsados hasta que se establezcan las garantías de que sean entregados en su hogar

El Centro de Acogida de Inmigrantes de Motril se desborda con la presencia de los 33 menores que llegaron en patera. El Fiscal General del Estado ha declarado que los menores no podrán ser expulsados hasta que se establezcan las garantías de que sean entregados en su hogar El Centro de Acogida de Inmigrantes que la Junta de Andalucía tiene en Motril se ha quedado pequeño para la avalancha de inmigrantes que por esta época y debido al buenn tiempo se intensifica sobre la costa de Granada. Así lo matizaba la Delegada del Gobierno autónomo andaluz en Granada, Teresa Jiménez.
La última patera llevaba abordo 33 menores de los 59 magrebíes que oucupaban la embarcación, de edades comprendidas entre los 12 y 17 años de edad y dos de 5 y 6 años. Venían solos, sin familia. Por este motivo la Junta de Andalucía está retrasando su deportación al país alauita. Se trabaja en la localización de sus familiares y hasta que no dé con el paradero de sus progenitores permanecerán en el Centro de Acogida de Motril atendidos en todo momento por la Cruz Roja.
Esta estancia que se hace especial, ha hecho que el Centro de Acogida se encuentre en una situación de insuficiente para hacer su labor. Un trabajo que se vería totalmente desbordado si llegara alguna otra patera en las próximas horas.
El Fiscal General del Estado se pronunció en Motril en las Jornadas de Derechos Humanos a cerca del trato que han de recibir los menores de edad.

"Todos los menores de 18 años -dijo- tienen los derechos internacionalmente reconocidos, por lo que no podrán ser expulsados mientras que no se establezca con la suficiente garantía de que serán entregados en su hogar", comentó.

El Fiscal General del Estado recordó que se debe proteger los derechos de los menores frente a los excesos que puedan producirse por parte de la Administración por constituir parte del interés social del mandato de la Constitución.

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