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Regantes y empresarios de la Costa critican los efectos de la Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua

Regantes y empresarios de la Costa critican los efectos de la Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua

Regantes y empresarios agrícolas de la costa de Granada criticaron hoy los efectos "perjudiciales" que provocaría una nueva ley de la Junta de Gestión del Ciclo Integral del Agua, al proponer un impuesto por los posibles riesgos de contaminación de los productos cultivados.

Así, la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo, que administra los regadíos de los anejos de Motril, y las asociaciones de alhondiguistas y empresarios de la costa granadina criticaron este Anteproyecto de ley elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para regular los efectos contaminantes en los cultivos intensivos en los invernaderos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comunidad de Regantes, Francisco Alvarez, subrayó que el borrador de la ley propone un impuesto por los posibles riesgos de contaminación de los productos cultivados que "supondría pagar un coste medio de 7 pesetas por litro de agua utilizada para los regadíos".

Desde los sectores agrícolas de la Costa se estima que la medida supone "un auténtico impuesto ecológico que provocará la situación de agravio comparativo con otros agricultores de las demás regiones de España, ya que afectaría sólo a los agricultores andaluces", subrayó el presidente de los alhondiguistas de la comarca, Alfonso Zamora.

Además, Zamora aludió a que con estas medidas se perjudicará gravemente a un sector de la economía fundamental en Andalucía, porque "se implantarían más impuestos y los agricultores tendrían que hacer frente a más costes económicos, a pesar de la situación de pérdidas que se ha vivido en los últimos meses".

Por su parte, los empresarios del sector agrícola ven la medida como "una presión de los grupos ecologistas que tienen fuertes influencias en la Administración andaluza y especialmente, en la Consejería de Medio Ambiente". A su juicio, se trata de un "impuesto ecológico que no conseguiría más que agravar la mala situación del sector en la comarca de la costa", indicó el presidente de la asociación comarcal de empresarios, Jesús García.

Otra de las críticas de estos colectivos que integran al ámbito agrícola son las referidas a qué se va a hacer con el dinero recaudado, ya que estiman que los impuestos recaudados podrían ascender a unos 10,5 millones de euros en el caso de las comunidades de regantes de las provincias de Granada y Almería.

Así, García se refirió a que posiblemente este erario recaudado serviría para sufragar el coste de las infraestructuras hídricas de Andalucía, "algo que no puede recaer sólo en los impuestos que pagarían agricultores, sino que debe ser costeado por muchos más sectores".

Por último, desde los empresarios, alhondiguistas y regantes se espera que las alegaciones que se van a presentar por parte de estos colectivos sirvan para "echar atrás" el Anteproyecto de ley de la Junta de Andalucía. 

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