El fiscal cree que el desplome de la A7 fue "inevitable" y que hubo "exceso de celo" en revisiones

La Fiscalía ha justificado la retirada de su acusación contra los once imputados por el accidente en el viaducto de la A-7 que se construía en el tramo La Herradura-Taramay, en Almuñécar (Granada), considerando que, a la vista de los testimonios ofrecidos en el juicio que se ha prolongado durante nueve sesiones, ha quedado acreditado, no que hubo omisiones en las revisiones que habían de realizarse a la cimbra que se colapsó, sino, al contrario, que hubo "exceso de celo". Asimismo, el desplome, a su entender jurídico, fue "imprevisible" e incluso "inevitable".

"Las cosas a veces resultan inevitables, como consideramos que fue el colapso de la cimbra", ha señalado este miércoles el representante del Ministerio Público, que ha incidido en que de hecho no se han aclarado con "certeza" las causas del accidente, puesto que los peritos han apuntado tan sólo como "hipótesis" al aflojamiento de tornillos o la rotura de soldaduras en el marco trasero de la cimbra. "No obstante los peritos ya manifestaron que desconocen si el desplome se hubiera producido aunque se hubieran revisado todos y cada uno de los tornillos y las soldaduras de manera visual", ha mantenido.

Durante la exposición de su informe final, ha reconocido que lo que pasó fue un "desgraciado accidente" con consecuencias "catastróficas", puesto que causó la muerte de seis personas y resultó con cinco heridos más, e incluso que ha transcurrido mucho tiempo para iniciar la vista oral, si bien ha atribuido a lo "complejo" de la causa y a la necesidad de practicar muchas pruebas la instrucción prolongada hasta bien entrado el año 2009 que, en su opinión, ha sido "ejemplar".

"No se ha parado un solo momento y nadie ha escatimado esfuerzos en medios materiales y personales", ha indicado el fiscal, que pedía inicialmente penas de hasta cuatro años de prisión para los once acusados y que el pasado lunes decidió retirar todas sus acusaciones.

Para el fiscal, las pruebas practicadas le han llevado a concluir que en aquella obra "se realizaron las acciones que fueron necesarias para mantener la seguridad" y, en cuanto a la cimbra, se ejecutaron incluso más revisiones de las recogidas en su manual de instrucciones. "No sólo no hubo infracción, sino exceso de celo en la revisión y el mantenimiento de la cimbra".

Por ello, entiende el fiscal que el colapso "no era un riesgo previsible y no podía contarse con él", y, de hecho, uno de los peritos, concretamente el que fue coordinador del informe que hizo el Ministerio de Fomento, aludió a la "mala suerte" para dar explicación a lo ocurrido.

"EL TERRENO DE LAS HIPÓTESIS"

"Nos movemos en el terreno de las hipótesis, con lo que no sabemos con certeza la causas del colapso, que no era un riesgo previsible. Por eso, entiendo que han quedado desfiguradas y sin contenido las posibles infracciones en materia de seguridad y salud", ha sostenido el fiscal, pidiendo al juez Sergio Romero, titular del Penal 1 de Motril, una sentencia absolutoria para todos los procesados.

El letrado que representa la acción popular de CC.OO., que ha comenzado leyendo el nombre de los obreros fallecidos, ha discrepado con el informe del fiscal ya que mantiene su acusación contra ocho de los once procesados y pide penas de dos años y medio de prisión y multas de 12.000 euros para cada uno o, alternativamente, penas de tres meses de prisión por delitos contra la seguridad y la salud laboral.

Según el sindicato, sí se puso en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores, puesto que no se apretaron los tornillos adecuadamente, no se revisaron las soldaduras, se produjeron "incumplimientos graves en la normativa" e incluso no se produjo el desalojo de la cimbra cuando se produjo el fallo eléctrico que frenó la actividad de la estructura que momentos después se desplomó. "Una cosa es la causa del accidente y otra cosa es el delito de riesgo de puesta en peligro la integridad y la salud de los trabajadores", ha indicado.

El representante legal de la acción popular de UGT ha indicado que las pruebas periciales arrojan "poca luz" sobre el desplome, que, según ha quedado acreditado, "no era previsible". Esta parte, que solicita penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 18.000 euros para seis de los once inculpados por los delitos contra la seguridad de los trabajadores, ha indicado que no existió "exceso de celo", como sostiene la Fiscalía, sino "exceso de confianza", porque, aunque se realizaron más revisiones de las estipuladas, éstas fueron "insuficientes", y de ahí lo que derivó en el colapso.

Para UGT, la responsabilidad penal de algunos de los acusados ha quedado "diluida" a la vista de las pruebas, pero, sin embargo, sí que se puede atribuir el incumplimiento de "ciertas obligaciones" en las personas que acusa. En opinión del sindicato, el coordinador de seguridad y salud que fue designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, fue el "máximo responsable", al no supervisar las revisiones para evitar la creación de riesgo para los trabajadores de la obra.

Tras los informes de las acusaciones, las defensas de los once procesados defenderán su petición de libre absolución, que han mantenido desde el comienzo de la instrucción, con lo que el juicio quedará este miércoles visto para sentencia, que se hará pública en el transcurso de unas semanas.

EL TRANSCURSO DEL JUICIO

En el banquillo se sentaron inicialmente doce imputados, entre ellos el director del proyecto de ejecución del tramo, Pablo Jiménez, el coordinador de seguridad designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, y el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso. Sin embargo, a petición de la defensa de éste, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, Sergio Romero, decidió, al comienzo apartarlo de la causa, en tanto que sólo le acusaba CC.OO..

En aquella jornada declararon los once acusados, que coincidieron en resaltar que el siniestro era "imprevisible", puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".

A lo largo de ocho sesiones han declarado testigos como trabajadores heridos, que aseguraron que las medidas de prevención eran "estrictas" e incluso el electricista que manejaba la cimbra siniestrada, que afirmó que la revisó justo antes del desplome. Asimismo, el inspector de Trabajo Ángel Martín-Lagos, que realizó un informe indicó que tanto el plan como el estudio de seguridad eran "insuficientes" y que también era escasa la información sobre el mantenimiento de la estructura recogida en el manual de instrucciones.

Sin embargo, los peritos judiciales que analizaron las posibles causas no pudieron establecer una inequívoca si bien, por descarte, indicaron que barajaban como hipótesis fallos en las uniones atornilladas y en las soldaduras. Ni la velocidad del viento, ni el uso de una grúa en la estructura, ni un desfase entre los gatos que permitían el avance de la cimbra fueron los causantes, dijeron los peritos que designó el juez instructor, que también descartaron que se produjeran fallos durante el montaje.

Por contra, los expertos no pudieron constatar que se hubieran apretado los tornillos, por lo que pudo producirse un fallo en las uniones. De hecho, apuntaron que las piezas usadas, que se apretaban con una llave de maza, no eran las deseables, y que hubiera sido más adecuado el uso de lo que han llamado tornillos pretensados, y que, en cualquier caso, se deberían haber usado contratuercas que hubieran impedido el aflojamiento. Respecto a las soldaduras, incidieron en que, aunque es imposible analizarlas cuando se está ejecutando una obra, podrían haber dado de sí y acabar en su rotura por la carga que soportaban.