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Guardias Civiles, Policía Nacional, detectives y funcionarios policiales implicados en el tráfico de datos personales y empresariales

Guardias Civiles, Policía Nacional, detectives y funcionarios policiales implicados en el tráfico de datos personales y empresariales

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación “Pitiusa”, han detenido a 28 personas presuntamente relacionadas con el tráfico de datos personales y empresariales. A los arrestados se les acusa, según los casos, de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales e intrusismo profesional. Entre los arrestados hay 10 detectives privados, funcionarios policiales -3 guardias civiles y un policía nacional-, un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y el resto empresarios y particulares. 

Bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número diecisiete de Barcelona y de la Fiscalía Anticorrupción, se ha actuado como consecuencia del análisis de parte de la información recabada en las anteriores fases de la investigación, lo que ha permitido detener a un total de 28 personas en las comunidades autónomas de Cataluña (15), Madrid (5), Andalucía (4), Cantabria (2), Aragón (1) y País Vasco (1). Tras ser citadas en las diferentes comisarías, y una vez informadas de los cargos que se les imputaban policialmente, se procedió a su arresto y su toma de declaración. Posteriormente todas ellas han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado al ser requeridas.

En la primera fase de esta operación, desarrollada en el mes de mayo de 2012, fueron detenidas 92 personas y se realizaron un total de 47 registros en oficinas, domicilios y despachos profesionales. Posteriormente se practicaron 35 nuevas detenciones y se continuó analizando información incautada en los diferentes registros 

Esta operación, ha sido coordinada por el Grupo Segundo de Blanqueo de Capitales de la UDEF y la Sección Territorial de Seguridad Privada, de la Jefatura superior de Policía de Cataluña, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada y las Brigadas de Policía Judicial de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Andalucía Occidental y Oriental, Cantabria, País Vasco y Aragón.

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