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PP-Motril defenderá en el pleno que la Junta solvente las deficiencias del decreto contra la exclusión social para este año

PP-Motril defenderá en el pleno que la Junta solvente las deficiencias del decreto contra la exclusión social para este año

La vicesecretaria general del PP-Motril, Ángeles López Cano y la vicesecretaria de Empleo y Relaciones con Organismos Sociales, Manuela Santiago, han presentado la moción que su formación política defenderá en el pleno municipal del próximo viernes para que la Junta de Andalucía solvente las deficiencias del decreto contra la exclusión social para este año. 

López Cano ha afirmado que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz para aplicar el año pasado tenía “múltiples lagunas, ya que dejaba a muchas personas con serios problemas económicos y en situación de precariedad, sin derecho a ningún tipo de ayuda”. 

En este sentido, la popular  ha lamentado que  a estas alturas de año, casi en mayo, aún no se haya hecho la convocatoria pese a que la Junta se comprometió a sacarla para principios de 2014. “Además, el año pasado se presentó en mayo pero hasta final de año el dinero no llegó a los Ayuntamientos, que son los que tienen de prestar el servicio, y solo hubo dos meses para ejecutarla, tiempo absolutamente insuficiente si tenemos en cuenta el marasmo de solicitudes que hubo que tramitar sin ningún tipo de refuerzo de personal, y sin apenas recursos técnicos para la selección”, ha argumentado López Cano

El decreto tenía cuatro líneas de trabajo: Ayudas alimentarias a dependientes mediante servicio de catering, ayuda alimentaria a escolares, ayuda a la contratación y asistencia económico-familiar.  En la primera pata de trabajo, la vicesecretaria general ha explicado que la Junta ingresó “cero euros” para esta ayuda “y solo mostraron interés por la foto y el paripé anunciando a bombo y platillo esta medida”. 

Respecto a la asistencia alimentaria infantil en los centros educativos, programa de trabajo mediante el que se pretendía garantizar la prestación de  tres comidas diarias a los menores, López Cano ha vuelto a denunciar que se etiqueta a estos niños haciéndoles entrega de una bolsita con la comida en el propio centro, lo que supone una diferenciación con el resto de sus compañeros y los señala dentro del grupo. “por eso proponemos que este tipo de ayudas se concierten directamente con las familias”, ha señalado. 

También la popular motrileña, Manuela Santiago, ha denunciado el “clasismo y las desigualdades” que provocó los criterios adoptados por la Junta para el reparto de subvenciones, que catalogaron a los municipios con prioridad 1, prioridad 2 o ninguna prioridad, “en el que nuevamente Motril salió perdiendo por culpa de la gestión socialista al estar incluida en esta última calificación”. “Está claro que para el Gobierno de IU  y PSOE en Sevilla Motril no es una prioridad”, ha apostillado Santiago. 

Así, la vicesecretaria de Empleo ha continuado lamentado la precariedad laboral a la que se aboca a quienes se acogen al Decreto contra la exclusión social, puesto que son contratos de 15 a 20 días, “que no solucionan los problemas de los motrileños, por eso exigimos que las contrataciones sean de al menos un mes “. 

La batería de mejoras que propone el PP-Motril aplicables al Decreto incluyen el incremento de las partidas presupuestarias, el adelanto del dinero con suficiente antelación para que los ayuntamientos  puedan ejecutarlo, la aprobación urgente de la convocatoria de este año, el incremento de personal especializado de apoyo para las Administraciones locales, que se ingrese la garantía alimentaria a las familias y no se reciba en los colegios, además de la ampliación de la cobertura de la ayuda a domicilio. 

“Queremos además que la Junta se comprometa con los ayuntamientos mediante un calendario de pagos y que se modifique el límite de ingresos para poder acceder a la ayuda, que deja fuera a muchas familias que lo están pasando mal”, ha subrayado López Cano a lo que Manuela Santiago ha añadido que en esta moción al pleno del viernes también se solicitará que el decreto modifique la prelación para su accesibilidad, es decir, “que no se requiera que todos los miembros de la unidad familiar lleven seis meses como demandantes de empleo porque según las condiciones estén casos a los que no les compensa perder la prestación social por 15 días de trabajo”.

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