Un año después del accidente del viaducto de la A-7 se ignora la causa y no hay ningún imputado

En el accidente de la autovía A-7 en el tramo La Herradura-Taramay, en Granada murieron seis trabajadores tras la caída de una estructura metálica de un viaducto en construcción. Un año después, la obra sigue paralizada en ese punto y aún se ignoran las causas concretas que causaron el siniestro

Aunque en los últimos doce meses el Juzgado que instruye la causa ha solicitado diversos informes, encargado la reconstrucción de los hechos y citado a declarar a varios testigos, por el momento, no existe ningún imputado en relación con lo ocurrido.

No obstante, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar (Granada) ya ha fijado para el próximo 20 de noviembre la fecha máxima para que el Ministerio de Fomento y la empresa promotora le remitan toda la documentación que les solicitó a fin de elaborar, en el plazo de un mes, el informe pericial correspondiente.

Por su parte, los sindicatos, que se personaron en el caso como acusación, discrepan respecto a la instrucción; mientras que CCOO denuncia su retraso y que todavía no se haya inculpado a nadie, UGT califica como "magníficas" las diligencias practicadas hasta la fecha.

El accidente se produjo en la tarde del 7 de noviembre de 2005 y en él murieron cinco trabajadores portugueses y un español y otros tres resultaron heridos, tras el desplome de parte de la estructura del viaducto que estaban construyendo en la A-7 a su paso por la localidad granadina de Almuñécar.

Al día siguiente, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo que los indicios apuntaban a que el siniestro se había debido a una "fatiga de los materiales" y que "aparentemente" se cumplían las normas de seguridad de la obra, aunque, a día de hoy, y ante una investigación que los expertos han considerado "muy compleja", continúan sin conocerse las causas exactas.

Ese mismo día, la policía judicial de la Guardia Civil comenzó una investigación sobre unos documentos técnicos relacionados con la construcción de la A-7 que se encontraron en un contenedor de basuras de Pulianas (Granada) que fueron destruidos "de forma burda"; posteriormente, se supo que estaban relacionados con la licitación de la obra.

Entre tanto, el juez instructor decretó el secreto de las actuaciones a través de un auto en el que reseñaba la "especial gravedad y repercusión" de los hechos y la complejidad de las primeras diligencias.

El 15 de noviembre, el jefe de la Inspección de Trabajo de Granada, Jesús Jiménez, manifestó que la investigación de su departamento avanzaba con la consideración de que en el siniestro hubo "un fallo técnico de una estructura muy compleja", declaraciones que motivaron que el instructor le abriera diligencias previas -posteriormente archivadas- por una posible vulneración del secreto de las actuaciones.

En diciembre, la titular de Fomento, Magdalena Alvarez, afirmó que la reanudación de las obras en el tramo dependía de que el juzgado, que levantó en ese mismo mes el secreto sumarial, dijera cuándo se podía retomar la construcción.

A principios de año, el instructor levantó la paralización de las obras de la A-7, previo desescombro de las mismas, tras haber recibido un informe favorable para la continuación de los trabajos; Fomento anunció que el desarrollo del viaducto accidentado se aplazaba hasta finalizar su investigación interna y la Inspección de Trabajo aseguró que la obra contaba con el preceptivo plan de seguridad.

En mayo, el juez aprobó la práctica de la diligencia de reconstrucción de los hechos en una cimbra de idénticas características a la que se desprendió en la zona.

El pasado junio se efectuó un ensayo a escala real del movimiento de esa estructura metálica en el viaducto de Río Seco para averiguar por qué se desprendió y, más adelante, se práctico otra prueba técnica en Galicia.

También durante el verano fueron citados varios testigos del accidente, entre ellos trabajadores y técnicos, que trataron de clarificar las circunstancias del accidente, poniendo fin a las pruebas testificales y a la espera de que los peritos elaboraran un informe que arrojara las principales conclusiones sobre el suceso.

La obra había sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- que subcontrató parte de los trabajos a la gallega especializada en viaductos Estructuras y Montajes de Prefrabricados, que, a su vez delegó parte en la portuguesa Douro Montemuro.