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Prestan declaración el Jefe de Demarcación de Carreteras y al Ingeniero Director del tramo de la A-7 como imputados por el accidente

Prestan declaración el Jefe de Demarcación de Carreteras y al Ingeniero Director del tramo de la A-7 como imputados por el accidente

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Almuñécar tomó hoy declaración al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental y al ingeniero director del Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay como imputados en el accidente de la A-7.

Juan Francisco Martín Enciso, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, y Pablo Jiménez Barreda, ingeniero director el Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay, declararon ante el juez por espacio de unas tres horas.

Ambos están imputados en la causa abierta por el desplome, en noviembre de 2005, de una parte de la estructura del viaducto de la A-7 a su paso por la localidad granadina de Almuñécar, en el que murieron seis trabajadores.

Según relató a Efe Francisco Ruiz Ruano, secretario provincial de Construcción de la UGT, sindicato personado en el caso, en la declaración, tanto Martín Enciso como Jiménez Barreda "trataron de trasladar toda la responsabilidad del seguimiento y del control en materia de seguridad de la obra a la figura del coordinador de seguridad".

Ruiz Ruano acusó a ambos procesados de "lanzar evasivas para levantar una cortina de humo y evitar sus propias responsabilidades en cuestiones que son de su competencia".

La UGT entiende que Martín Enciso "es un responsable político con una responsabilidad limitada en todo este entramado" y que la verdadera responsabilidad recae en Jiménez Barreda como ingeniero director de la obra quien, en su declaración, reconoció que el coordinador de seguridad dependía de él.

Según el sindicalista, la declaración del ingeniero director de la obra también evidencia que las medidas de supervisión de los tornillos y soldaduras de la cimbra que se desplomó "fueron claramente insuficientes" y que hubo "una grave dejación de funciones" en este ámbito.

"Esto viene a confirmar la teoría de la UGT de que no se llevó a cabo el mantenimiento preventivo mínimamente exigible y de ahí las carencias y falta de detección de los riesgos de desprendimiento que presentaban o bien el tornillo, o la soldadura", añadió el responsable de Construcción de la UGT.

Para Ruiz Ruano, la "dejadez y falta de diligencia" en la coordinación de todos los elementos de seguridad exigidos en una obra de estas características "son elementos que aflorarán en el resto de comparecencias previstas durante la instrucción de este causa".

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