PP-Motril tilda de “chapuza” el Decreto contra la exclusión social y acusa a la Junta

La vicesecretaria general del partido popular de Motril ha reprochado al bipartito PSOE-IU en la Administración Autonómica el ejercer una” política de improvisación” que obliga a los Ayuntamientos a trabajar “a contrarreloj y sin personal de apoyo” y expone a las familias a la precariedad laboral con salarios ridículos de 700 euros durante dos meses, “que no resuelven el problema de desempleo de los motrileños”.

La vicesecretaria general del Partido Popular de Motril, Ángeles López Cano, ha denunciado las consecuencias que están padeciendo los motrileños tras el anuncio de las líneas de subvención del Decreto contra la Exclusión Social en Andalucía por parte de la Junta,  unas ayudas que a juicio de la popular “están más pensadas para su efecto mediático que para solventar de forma efectiva los problemas que padecen las familias motrileñas”.

En este sentido, López Cano ha indicado que tras la presentación de estas ayudas, a bombo y platillo por parte de la Junta, el efecto llamada motivó que el Ayuntamiento de Motril recibiera a una oleada de más de 1.500 ciudadanos que deseaban informarse y acogerse al programa, para lo cual no ha contado con más personal que apoyara el trabajo que supone tramitar todas las solicitudes, estudiar cada caso para elaborar los informes sociales y posteriormente derivarlos a Formación y Empleo para poder consignar el perfil profesional más adecuado para cada candidato, que en último término derivaría las contrataciones al área municipal de Personal”.

En este sentido, la vicesecretaria popular ha continuado explicando que los 279.000 euros de financiación ingresados al Consistorio con los que serán remuneradas 374 motrileños, “dejan a las familias en una situación de precariedad laboral extrema pagándoles salarios de 700 euros y sólo durante dos meses de duración a media jornada”, ha denunciado López Cano, quien ha añadido que mientras que la Junta de Andalucía se cuelga las medallas de esta “chapuza política”, obliga a los Ayuntamientos y a sus maltrechas arcas a financiar todo el equipamiento de los trabajadores, las botas, sus uniformes, los seguros de prevención de riesgos laborales y también los finiquitos, “lo que al final supone que para dos meses de trabajo de estas personas, nos sale más caro el collar que el perro”.

“La Junta de Andalucía lleva haciéndose fotos con este Decreto de Exclusión Social desde que lo presentaron, haciendo gala de su política de escaparate que no ha logrado atajar de raíz los problemas que padecen miles de andaluces. Ingresaron el dinero a finales de agosto y el día 4 de noviembre tienen que estar formalizados todos los contratos, ¿cómo pretenden que sin personal de apoyo y a contrarreloj podamos sacar adelante estas ayudas?”, ha denunciado la popular.
En cuanto otras líneas de financiación de la Junta de Andalucía, López Cano ha aludido a los programas de ayuda a domicilio, que tienen los expedientes paralizados o el servicio de catering a mayores.

En este último caso, la Vicesecretaria general del PP-Motril ha incidido en que después de poner a trabajar a todos el personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento para poder adherirnos a esta ayuda en tan solo cuatro días, la Administración Autonómica deniega las ayudas a todos los municipios de Granada excepto al de la capital, al que le asigna solo el 20% del total de la subvención. “Otra foto más para la Junta, que denota su interés mediático más que el bienestar de sus ciudadanos”, ha reprochado la popular.

Ángeles López Cano se ha referido igualmente a que la Delegación de Bienestar Social no ha convocado el programa de refuerzo a la alimentación infantil en los colegios, proyecto del que el Consistorio, a pesar de que mañana mismo arrancan las clases, aún no sabe nada y vuelve a sumir a las familias en la incertidumbre.

Asimismo, la representante del PP-Motril ha indicado que obligar a los menores que se incluyan en este programa a hacer una cola para que puedan recibir el alimento, “es una forma de discriminación que los etiqueta como pobres respecto al resto de sus compañeros y una imagen que recuerda a las cartillas de racionamiento de países en vías de desarrollo. “Lo óptimo hubiera sido que esa asignación se hubiera transferido directamente a los ayuntamientos para que los derivara a las familias”, ha manifestado la popular.

Ángeles López Cano ha concluido indicando que en vez de un programa de “exclusión”, la Junta de Andalucía debería remangarse y elaborar programas de “inclusión”, que realmente atajen los problemas de los motrileños.