La reforma de la Política Agraria Común (PAC) supondrá unas pérdidas de entre 160 y 175 millones de euros para la provincia, según las estimaciones del PSOE de Granada. Así lo ha afirmado esta mañana el parlamentario andaluz y portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento, Miguel Castellano, que ha informado de las graves consecuencias que tendrá para la provincia el reparto de los fondos de la PAC que pretende imponer el Gobierno del PP.
“El Ministerio de Agricultura tiene un objetivo claro, que es discriminar a Andalucía”, ha afirmado Castellano, quien ha anticipado que en 2014, que es un año de transición, “las pérdidas se cifran en el 18,64% para los agricultores y ganaderos de la comunidad”. En concreto, según el diputado andaluz, este año la provincia de Granada recibirá entre 32,5 y 35 millones de euros menos, una cantidad que alcanzará los 175 millones en el horizonte de 2020. Esa pérdida de fondos, ha añadido, “le afecta a la economía de miles de granadinos: productores, cooperativistas, comunidades de regantes, vecinos de municipios rurales o trabajadores del sector agrario”.
Según Castellano, la provincia ha venido recibiendo cada año de 150 a 160 millones en ayudas directas a los agricultores y entre 20 y 35 millones para desarrollo rural, que se destina a comunidades de regantes, modernización de cooperativas, modernización de explotaciones agrarias, líneas de apoyo a la industria agroalimentaria y caminos rurales. “En total, entre ayudas directas y desarrollo rural, la cifra se sitúa entre los 190 y 200 millones de euros”, ha precisado el parlamentario socialista quien ha alertado de los efectos de los recortes de la PAC en la provincia.
Así, ha avanzado que “habrá zonas de cultivo abandonadas, menos empleo en el medio rural, terrenos baldíos, menos actividad en las cooperativas y en la industria agroalimentaria, y por tanto, menos empleo en el medio rural, menos producción, menos índice de riqueza y menos bienestar”.
La pérdida de fondos “afecta a unas cien mil personas de la provincia que se dedican de manera directa a la agricultura, como productores o como trabajadores, a muchas cooperativas, a todas las del olivar, pero también a las de frutas y hortalizas de la Costa y de El Valle de Lecrín y a todos los ayuntamientos rurales, 161 de los 169 de la provincia, que tienen una economía fundamentada en el medio rural”, ha señalado el representante socialista.
Castellano ha criticado que el Gobierno aplique esa pérdida de fondos para todos los agricultores por igual sin distinguir a los pequeños de las grandes explotaciones. A su juicio, “Granada es una de las provincias que más sufre con el reparto de la PAC porque tiene el 90% del territorio de la provincia en el medio rural”, ha afirmado.
En este sentido, ha explicado que El Ministerio de Agricultura no quiere reconocer una ayuda especial al olivar en pendiente, que supondrían cien euros por hectárea y que afecta a más de sesenta mil hectáreas en la provincia. “Tampoco quiere reconocer unas ayudas especiales a los frutos de cáscara, a la almendra que está en una situación crítica por la sequía, a la cual tampoco ha respondido el Gobierno de la derecha con ninguna ayuda excepcional que en su momento fue planteada más allá de los avales bancarios o los módulos en el IRPF”, ha agregado.
Pero además, según Castellano, tampoco contará con una ayuda especial el sector caprino, que tiene una gran importancia en la provincia, ni el cultivo de cereal, que es muy importante en la zona Norte de la provincia, en el Temple y en el Poniente.
“El reparto de la PAC supone una gravísima agresión del Gobierno de la derecha a Andalucía y una muestra más de la discriminación a la comunidad, de la cual no dicen nada los representantes del PP de Granada ni de Andalucía”, ha indicado el parlamentario socialista, quien ha anunciado que el PSOE ha presentado una iniciativa en el Parlamento andaluz y en el Congreso para instar al Gobierno a que reúna de manera urgente a la conferencia sectorial de Agricultura para que todas las comunidades autónomas puedan reivindicar una nueva negociación y un nuevo reparto de la PAC.
