Foto:Juan Flores
ABC.- Cruz Morcillo. F. J., nigeriana, llegó en una patera a la costa de Motril (Granada) el 9 de agosto del año pasado. Contó a la Policía que era menor de edad y dos días después el fiscal autorizó las pruebas de osteometría (muñeca, fémur y tibia) para confirmarlo. Un hospital de esa ciudad determinó: «Edad ósea de 18 años según los criterios establecidos por Greulich y Pyle para varones de raza blanca en la costa este de USA». Diagnóstico en principio perfecto salvo por el leve detalle de que la radiografiada era mujer, de raza negra y afirmó ser nigeriana.
Como supuestamente era mayor de edad, la Delegación del Gobierno en Andalucía autorizó la devolución a Nigeria el 2 de septiembre, ignorando que se había solicitado la suspensión de esa medida porque la chica insistía en que era menor. El Defensor del Pueblo y la ONG que se entrevistó con ella sospechaban que era víctima de explotación sexual. Ahora nadie sabe qué ha sido de ella. Como de tantas.
El año pasado sólo la Policía Nacional rescató a 1.641 víctimas de la llamada «trata de blancas», mujeres y medio niñas captadas en Rumanía, Brasil, Paraguay y Nigeria, sobre todo para ejercer la prostitución en España. «Todas las nigerianas que están aquí en esas condiciones son víctimas de mafias. Ninguna denuncia, ninguna se fía... Está el proxeneta y está el terror al vudú», explican fuentes policiales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica en sus informes año tras año el sur de España como punto de entrada vía marítima de víctimas de explotación sexual que se quedan en el país y también como lugar de tránsito hacia prostíbulos de medio mundo. Las ONG que trabajan con estas mujeres coinciden en el diagnóstico y el Defensor del Pueblo se ha sumado, pero apuntando el dedo con precisión.
Este órgano considera que el puerto de Motril es la puerta de entrada en patera de un determinado tipo de inmigrantes: llegan muchas mujeres, algunas embarazadas, otras con niños pequeños y también menores. Las que no son identificadas como víctimas de trata de seres humanos son expulsadas, es decir, la mayoría.
Quejas del Defensor
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, y su equipo preparan un informe para el Congreso sobre las mujeres que sufren este delito y ya se han quejado tanto a Policía y Guardia Civil como a la Fiscalía del centro de primera asistencia y detención de extranjeros de Motril. De Llano ha pedido que se cierre porque «no reúne las condiciones».
«Las mujeres que llegan —de Nigeria, Mali y Costa de Marfil, sobre todo— no dicen que son víctimas de trata, llegan rodeadas por sus traficantes y tampoco cuentan que son menores», señalan desde el Defensor del Pueblo. «Se lucha contra la inmigración irregular, que es una infracción administrativa, en lugar de acabar con el delito que es el tráfico de seres humanos».
La Policía asegura que los protocolos se cumplen a rajatabla. Desde 2010 hay una circular de Interior para detectar estos casos. Se les pregunta si son víctimas y si sufren coacciones. Luego se les ofrece un periodo de reflexión de 30 días para que piensen, denuncien su situación y colaboren.
«La detección de casos es insuficiente. Hemos construido un edificio legal perfecto para albergar a las víctimas y somos incapaces de detectarlas», insisten desde el Defensor del Pueblo. El argumento policial se basa en datos: menos de un diez por ciento aceptan colaborar; en el caso de las nigerianas que llegan en patera, mucho menos. Las ONG aseguran que si las víctimas no salen de ese círculo, las que no son expulsadas acaban prostituyéndose en Madrid, Amsterdam u Oslo y esos niños que a veces vienen con ellas y ni siquiera se sabe si son suyos quedan al margen de cualquier control.
Un demoledor informe de Médicos sin Fronteras —«Violencia sexual y migración»— sostiene que una de cadas tres mujeres atendidas por la ONG en Rabat y Casablanca en 2009 y 2010 admitió haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual, en su país de origen, en el penoso camino que a veces dura meses o ya en territorio marroquí. En el camino, hacinadas en camionetas para atravesar el desierto desde Nigeria, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Mali, Senegal o Camerún, casi la mitad fueron violadas una o varias veces. «Una recién llegada es de quien quiera, no puede negarse, no puede irse, todo se paga con sexo. Aunque vaya con su bebé o con su hijo», relató un compañero de viaje de estas mujeres a la ONG. El 23 por ciento quedaron embarazadas tras ser violadas. Después llega la patera y más tarde, quién sabe. El círculo es dramático. Empieza en una aldea africana y acaba en un burdel, si nadie lo remedia.
