El Ayuntamiento de Almuñécar acusó hoy a la Diputación de Granada de un posible delito de prevaricación al "anular" los recibos de IBI, de más de 76.800 euros, a la residencia 'Turismo Tropical', de titularidad provincial, dándolos como "prescritos" durante el periodo en el que la Agencia Provincial de Administración Tributaria (APAT) gestionaba la recaudación municipal.
La anulación de la deuda tributaria consta en un informe de fecha 23 de septiembre de 2008, que según el Consistorio sexitano, se justificaba en "falta de actuaciones en vía ejecutiva en el plazo legal de 4 años desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario". "Lo que significa que ellos mismos no se comunicaron a sí mismos su propia deuda hasta dejarla prescribir, desconocemos si por dejadez de sus funciones o por cualquier otra razón interesada", inciden desde el Ayuntamiento.
Al percatarse de la situación, el Ayuntamiento de Almuñécar contactó en febrero de 2010 con el diputado provincial de Economía y Hacienda, José María Aponte, quien contestó el 5 de marzo de este año que efectivamente los recibos, de fecha 1993, 1995 y de 1997 a 1999, fueron declarados prescritos mediante resolución de Alcaldía, y que la deuda tributaria se entendía por extinguida, alegando además que en el presente caso le resultaría de aplicación la revisión de oficio establecida en la Ley General Tributaria "que se refiere a la declaración de lesividad de los actos favorables a los interesados".
Fue entonces cuando el Consistorio encargó un informe técnico al Jefe de Rentas y a la Secretaría Municipal para aclarar la situación, en el que se constata que la Diputación de Granada --a través de la APAT-- "debería haber emitido propuesta de Resolución de Compensación de Oficio de deudas entre Administraciones Públicas o procedido a su deducción una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, dada la confianza depositada por esta Administración Local en la Diputación Provincial de Granada".
El informe discrepa con la alegación formulada por el diputado de Economía de Diputación, ya que "operaría la revisión en vía administrativa a través del procedimiento especial de revisión de la revocación , y, a su vez, una vez operada ésta debería procederse a la Compensación de Oficio de deudas entre Administraciones Públicas o a su deducción". Del mismo modo manifiesta que la Diputación Provincial de Granada "posiblemente propone el mecanismo establecido en Art. 218 de la Ley General Tributaria por entender que se encuentra ante un acto favorable al interesado que incurre en una infracción del ordenamiento jurídico".
En este caso, además, el "interesado" es la propia Diputación Provincial de Granada, obviando que no se trataba de un sujeto pasivo privado, sino público, una administración pública que a su vez gestionaba la recaudación de los impuestos y, que por tanto, "no ha servido con objetividad los intereses públicos que le estaban encomendados, infringiendo el principio de suficiencia financiera para el cumplimiento de los fines de la haciendas local del Ayuntamiento de Almuñécar para el cumplimiento de los fines que tiene encomendada esta Administración, contrariando el artículo 142 de la Constitución Española y Artículo 105 de la LBRL". Nos encontramos así ante un acto que "incurre en una infracción del ordenamiento jurídico", manifiesta la secretaria.
El informe concluye afirmando que no considera pertinente, "dado el principio de lealtad institucional que preside las relaciones inter- administrativas", recurrir a la vía del recurso extraordinario de revisión, por lo que considera que la propuesta de resolución ordenada por el Jefe de Zona del APAT que propició la anulación de los recibos, podrían ser consecuencia de una supuesta prevaricación, que deberá ser declarada en el futuro, en virtud de sentencia judicial firme.
Conocidos los informes emitidos por los técnicos municipales, el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Alabarce, señaló que resulta "muy preocupante" que un ente provincial como Diputación, "que debería velar por que se respeten los derechos y deberes de todos los ciudadanos", "se permita el lujo de cometer errores tan graves como éste, que benefician claramente a un conocido militante socialista de Almuñécar, concesionario de Turismo Tropical, y por efecto, a sí mismos como propietarios".
Del mismo modo, García Alabarce criticó que sea la propia Diputación, gobernada por el PSOE, la que propicie un acto tan "desleal, injusto y presuntamente ilegal como éste, pudiendo haber incurrido, según los informes emitidos, en un presunto delito de prevaricación".
