El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Almuñécar acuerda el cambio de concesionario del aparcamiento subterráneo del Altillo
El aparcamiento del paseo del Altillo cambiará de concesionario al dejarlo Parquigran a favor de la sociedad Protomed - filial de la constructora Vera y que ejecuta las obras- al ratificar todos los grupos políticos una moción conjunta en la sesión plenaria extraordinaria que ayer tarde celebró el Ayuntamiento de Almuñécar.
A pesar de la unanimidad que, por cierto fue congratulada por el concejal de Hacienda, Miguel Ángel López Ligero que fue el encargado de exponer la postura del equipo de gobierno andalucista, los dos grupos de la oposición (PSOE PP) a través de sus portavoces, Rocío Palacios y Juan Luis González, respectivamente, aprovecharon la ocasión para criticar al gobierno por las irregularidades que en su opinión se habían cometido desde el inicio del proyecto.
López Ligero destacó el acuerdo propuesto y que fue ratificado en el que se indica que se abonen a los inquilinos las cantidades pendientes en concepto de indemnización en cumplimiento al pliego de condiciones y de los contratos complementarios suscritos entre el Ayuntamiento, los arrendatarios y la mercantiles Paquigran y Protomed a las que tienen derecho dicho documentos y que se encuentran depositados en este Ayuntamiento
En el caso de que algún arrendatario no este conforme que se proceda en virtud a lo establecido a determinación de justiprecio de los particulares que estuvieran en desacuerdo con la administración incoándose para determinación del justiprecio el plazo de 20 días para lo cual se compromete la administración municipal a realizar la peritación correspondiente en el plazo de quince días.
Asimismo se autoriza la cesión del contrato de redacción de proyecto, ejecución de obras y gestión del servicio del aparcamiento subterráneo en el paseo del Altillo el contrato entre el Ayuntamiento y Parquigran SL a favor de la sociedad Protomed S A
Por otro lado, a raíz de una moción del PSOE en la que pedía el cese de la Defensora del Ciudadano y la creación de una comisión para la redacción del reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina del Defensor del Ciudadano en la que participen las distintas fuerzas políticas con representación en el pleno de la Corporación.
Tras la votación de los grupos y dado que hubo empate entre la oposición y el equipo de gobierno salió adelante con el voto de calidad del alcalde, la creación de la comisión que fue la propuesta recogida en el dictamen de la comisión informativa pero rechazada la moción del PSOE en la que se pedía del cese de a Defensora.
La creación de la figura del Defensor del Ciudadano y la elaboración del reglamento se aprobó hace casi cuatro años, el 12 de junio de 2001, a través de una moción del PA. Sin embargo nunca se aplicó. Fue el 7 de septiembre de 2004 cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la designación de Marisa Iglesias como Defensora del Ciudadano y desde el pasado mes de enero viene desempeñando la labor de forma itinerante durante dos horas diarias en el consistorio y los principales barrios del municipio.
El pleno que se prolongó por espacio de casi tres horas y media, aprobó varios asuntos urbanísticos entre los que destacan los convenios de los planes parciales P 7 y P 9 así como cinco planes de sectorización en las zonas de Cotobro, Cabria, Las Tejas y Las Maravillas Norte.
A pesar de la unanimidad que, por cierto fue congratulada por el concejal de Hacienda, Miguel Ángel López Ligero que fue el encargado de exponer la postura del equipo de gobierno andalucista, los dos grupos de la oposición (PSOE PP) a través de sus portavoces, Rocío Palacios y Juan Luis González, respectivamente, aprovecharon la ocasión para criticar al gobierno por las irregularidades que en su opinión se habían cometido desde el inicio del proyecto.
López Ligero destacó el acuerdo propuesto y que fue ratificado en el que se indica que se abonen a los inquilinos las cantidades pendientes en concepto de indemnización en cumplimiento al pliego de condiciones y de los contratos complementarios suscritos entre el Ayuntamiento, los arrendatarios y la mercantiles Paquigran y Protomed a las que tienen derecho dicho documentos y que se encuentran depositados en este Ayuntamiento
En el caso de que algún arrendatario no este conforme que se proceda en virtud a lo establecido a determinación de justiprecio de los particulares que estuvieran en desacuerdo con la administración incoándose para determinación del justiprecio el plazo de 20 días para lo cual se compromete la administración municipal a realizar la peritación correspondiente en el plazo de quince días.
Asimismo se autoriza la cesión del contrato de redacción de proyecto, ejecución de obras y gestión del servicio del aparcamiento subterráneo en el paseo del Altillo el contrato entre el Ayuntamiento y Parquigran SL a favor de la sociedad Protomed S A
Por otro lado, a raíz de una moción del PSOE en la que pedía el cese de la Defensora del Ciudadano y la creación de una comisión para la redacción del reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina del Defensor del Ciudadano en la que participen las distintas fuerzas políticas con representación en el pleno de la Corporación.
Tras la votación de los grupos y dado que hubo empate entre la oposición y el equipo de gobierno salió adelante con el voto de calidad del alcalde, la creación de la comisión que fue la propuesta recogida en el dictamen de la comisión informativa pero rechazada la moción del PSOE en la que se pedía del cese de a Defensora.
La creación de la figura del Defensor del Ciudadano y la elaboración del reglamento se aprobó hace casi cuatro años, el 12 de junio de 2001, a través de una moción del PA. Sin embargo nunca se aplicó. Fue el 7 de septiembre de 2004 cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la designación de Marisa Iglesias como Defensora del Ciudadano y desde el pasado mes de enero viene desempeñando la labor de forma itinerante durante dos horas diarias en el consistorio y los principales barrios del municipio.
El pleno que se prolongó por espacio de casi tres horas y media, aprobó varios asuntos urbanísticos entre los que destacan los convenios de los planes parciales P 7 y P 9 así como cinco planes de sectorización en las zonas de Cotobro, Cabria, Las Tejas y Las Maravillas Norte.
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