El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la denuncia formulada por la Plataforma en Defensa de las Vegas de Almuñécar, contra el PGOU

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite las peticiones que en su día le hizo la Plataforma en Defensa de las Vegas y el Litoral contra el la reforma del PGOU propuesta por el equipo de Gobierno de Almuñécar (PA), cuya aprobación está prevista para el próximo 14 de julio. Según informó ayer la plataforma, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que las peticiones realizadas por ésta reúnen los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que procede iniciar las actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar los hechos que motivaron la reclamación.

Los temas denunciados fueron, entre otros, la revisión del PGOU de Almuñécar mediante convenios urbanísticos sin contar con la anuencia de los pequeños propietarios rústicos y trabajadores agrícolas.

Entre los convenios revisados, la plataforma destacaba especialmente el de Río Verde, por el que se transformarán más de 2 millones de metros cuadrados de la vega y colinas circundantes para usos de campo de golf y urbanizaciones o el convenio de Río Seco y colinas adyacentes, de más de un millón de metros cuadrados, también predestinados a campo de gol y urbanizaciones.

La plataforma también denuncia que, mediante la herramienta de la Junta de Compensación, esos convenios urbanísticos dejarán sin sus viviendas a los labradores y trabajadores del campo, que los pequeños propietarios dedicados a cultivos subtropicales se quedarán sin sus puestos de trabajo y sin sus tierras, teniendo que endeudarse para pagar las derramas de urbanización y el 10 por ciento de aprovechamiento urbanístico que según la LOUA hay que ceder a la administración.

Denuncian, asimismo, que la construcción de dos puertos deportivos, uno de ellos en la vega de la Sandovala, acarrearía la salinización de los acuíferos de Río Verde y Río Seco y que la construcción de 30.000 viviendas supondría la eliminación total de la agricultura en Almuñécar, pues acapararía el espacio y el agua destinados a ella.

Una de las peticiones formuladas por la plataforma, "ante las irregularidades y situaciones anómalas detectadas en la revisión del PGOU, lesivas para un porcentaje elevado de población" fue retirarle las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Almuñécar.

Para la plataforma, "a la vista está que los intereses que mueven a nuestros gobernantes municipales coinciden con los de constructores y empresas urbanizadoras, mientras que desatienden y atentan contra los intereses de un porcentaje elevado de población, como es el sector agrícola, del que depende en buena medida la economía de este municipio".

La plataforma se congratuló con la respuesta de apoyo recibida del Defensor del Pueblo Andaluz y esperó "que la Consejería de Obras Públicas y Transportes tome también cartas en el asunto y defienda los intereses de agricultores y habitantes en general, procediendo a la defensa de las vegas y el litoral e Almuñécar".