UPA denuncia el enriquecimiento de los distribuidores de frutas y hortalizas a costa de los agricultores
Los bajos precios en origen que se están pagando por los productos hortofrutícolas por parte de la distribución están llevando a los agricultores de la costa de Granada a una situación de gran dificultad por la baja rentabilidad de frutas y hortalizas. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) asegura que un producto por el que se está pagando al agricultor 0,08 euros por kilo, al consumidor le cuesta 0,66 euros. Esta diferencia llega al 1.030% en el caso de la lechuga o al 720% en el pepino.
UPA indicó que los valores que se están registrando no cubren los costes de recogida, por lo que exigió medidas urgentes al Ministerio de Agricultura. Esta demanda de UPA, que también tuvo lugar en Sevilla, Córdoba y Granada, recoge actuaciones como la aplicación del doble etiquetado en frutas y hortalizas, la intervención del servicio de defensa de la competencia para "corregir los abusos" de las empresas distribuidores y medidas legislativas para evitar un encarecimiento injustificado como el caso del calabacín, mientras el agricultor recibe 0,25 euros al consumidor le cuesta 1,43 euros.
UPA exige también la puesta en marcha de un observatorio de precios que permita al Gobierno intervenir cuando se disparen las cotizaciones, que se adopten medidas de control y se apliquen sanciones a los que especulen con los productos agroalimentarios.
UPA indicó que los valores que se están registrando no cubren los costes de recogida, por lo que exigió medidas urgentes al Ministerio de Agricultura. Esta demanda de UPA, que también tuvo lugar en Sevilla, Córdoba y Granada, recoge actuaciones como la aplicación del doble etiquetado en frutas y hortalizas, la intervención del servicio de defensa de la competencia para "corregir los abusos" de las empresas distribuidores y medidas legislativas para evitar un encarecimiento injustificado como el caso del calabacín, mientras el agricultor recibe 0,25 euros al consumidor le cuesta 1,43 euros.
UPA exige también la puesta en marcha de un observatorio de precios que permita al Gobierno intervenir cuando se disparen las cotizaciones, que se adopten medidas de control y se apliquen sanciones a los que especulen con los productos agroalimentarios.
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