Concedidas 6.680 solicitudes de normalización a inmigrantes lo que supone un 83 por ciento de las presentadas en la provincia de Granada

El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, afirmó hoy que se han resuelto de forma positiva 6.680 expedientes de normalización, el 83 por ciento de los solicitados en la provincia granadina dentro del plazo fijado por el Gobierno para que los inmigrantes legalizaran su situación en el país.

En rueda de prensa, Cruz detalló que del resto de solicitudes 1.280 han sido denegadas; 43, archivadas; y 23, inadmitidas. De las concedidas, 4.206 corresponden a hombres y 2.474 a mujeres, la mayor parte de la cuales, concretamente el 40 por ciento, se enmarcan en el sector de la agricultura y pesca. El servicio doméstico, la construcción y la hostelería se reparten después el grueso de inmigrantes que han logrado normalizar su situación según lo establecido en el proceso.

En cuanto a las autorizaciones y altas en la Seguridad Social, 6.050 son definitivas, mientras que 630 son provisionales, según manifestó Cruz, que destacó la "actuación del empresariado granadino" al que se debe el éxito del proceso en la provincia.

Los municipios de Granada y Motril fueron los que tramitaron el mayor número de expedientes, 35 y 14 por ciento respectivamente, seguidos por Gualchos, Albuñol, Almuñécar, Baza, Arenas del Rey, Polopos y Alhama de Granada.

Asimismo, Rumanía, Marruecos, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Senegal, Rusia y Ucrania, por este orden, son los países de procedencia de prácticamente la totalidad de los inmigrantes regularizados en Granada.

Para los que no se le ha concedido la normalización, el subdelegado del Gobierno en Granada explicó que "ahora se abre el proceso de resolución de recursos potestativos" ya sea por parte de los empresarios o de los inmigrantes que no estén de acuerdo con la decisión alcanzada, tras lo que podrán presentar un recurso contencioso-administrativo, que de no modificar la resolución, según explicó Cruz, "provocaría la expulsión de los inmigrantes, ya en situación ilegal en el país".

Las principales causas para denegar las solicitudes fueron la falta del certificado de penales, contar con una expulsión previa de España, que el empresario no estuviera al corriente en los pagos de la Seguridad Social, y no poder acreditar que los inmigrantes residían en los municipios en los que decían.