La Junta pide cautela en el supuesto caso de abusos en una residencia de mayores de Motril
Granada Digital.- La delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Granada, Rosario Quesada, pidió cautela ante la denuncia por presuntos delitos en la residencia de mayores 'San Luis', en Motril, ya que, según subrayó, "debe ser la Justicia la que finalmente valore si ha habido estos supuestos delitos".
En referencia a la información aparecida en el diario 'La Opinión de Granada', Quesada admitió, que se tenía conocimiento de estas denuncias desde el pasado mes de agosto, cuando los trabajadores denunciaron estos presuntos delitos a un juzgado motrileño, pero que, al no confirmarse ni por el Patronato del centro ni por familiares de las personas allí residentes, "se decidió esperar a que la investigación judicial dicte sentencia sobre el asunto para después tomar las medidas oportunas".
Los presuntos delitos responden a supuestos abusos sexuales y maltratos que podrían estar recibiendo los residentes. Además, el grupo de trabajadores que denuncia estas supuestas irregularidades cuestiona también la calidad de los alimentos que se les oferta a los usuarios, que podrían estar en algunos casos caducados.
Ante la gravedad de las acusaciones, esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Motril, que forma parte del Patronato que gestiona el centro, manifestó también su cautela ante la decisión judicial que "será la que determine los hechos porque no es de nuestra competencia juzgarlos".
Sánchez también reconoció que en el seno del Patronato, del que el consistorio motrileño está representado con varios cargos (entre ellos el del presidente que lo ostenta el alcalde de la ciudad, Pedro Álvarez), se conocían las denuncias pero se quiere esperar al desarrollo de la investigación judicial".
Respecto a la gestión directa del asilo, en manos de las Madres Mercedarias de la Caridad, Europa Press ha consultado con una de las hermanas que aseguró que ninguno de los supuestos delitos que se denuncian "por ese sector de trabajadores es cierto". Aparte de rechazar las acusaciones, la congregación insistió en que se están recibiendo presiones municipales y se aseguró que "el Ayuntamiento está incumpliendo los estatutos de la residencia de San Luis", según esta hermana.
Al margen de la polémica judicial, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Motril coincidieron en que el centro necesita una intervención urgente de reforma de las instalaciones. Además, la delegada Rosario Quesada advirtió de que en el caso de que estas reformas se retrasen "las 22 plazas que tiene la Junta de Andalucía concertadas en la residencia podrían ser retiradas".
Quesada afirmó que existen consultadas subvenciones de la propia Consejería para este fin, algo que confirmó la concejala motrileña al exponer que "en principio ha sido ratificada telefónicamente la aportación por la Consejería de 900.000 euros destinados a la ampliación del asilo y la construcción de un centro de día".
En referencia a la información aparecida en el diario 'La Opinión de Granada', Quesada admitió, que se tenía conocimiento de estas denuncias desde el pasado mes de agosto, cuando los trabajadores denunciaron estos presuntos delitos a un juzgado motrileño, pero que, al no confirmarse ni por el Patronato del centro ni por familiares de las personas allí residentes, "se decidió esperar a que la investigación judicial dicte sentencia sobre el asunto para después tomar las medidas oportunas".
Los presuntos delitos responden a supuestos abusos sexuales y maltratos que podrían estar recibiendo los residentes. Además, el grupo de trabajadores que denuncia estas supuestas irregularidades cuestiona también la calidad de los alimentos que se les oferta a los usuarios, que podrían estar en algunos casos caducados.
Ante la gravedad de las acusaciones, esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Motril, que forma parte del Patronato que gestiona el centro, manifestó también su cautela ante la decisión judicial que "será la que determine los hechos porque no es de nuestra competencia juzgarlos".
Sánchez también reconoció que en el seno del Patronato, del que el consistorio motrileño está representado con varios cargos (entre ellos el del presidente que lo ostenta el alcalde de la ciudad, Pedro Álvarez), se conocían las denuncias pero se quiere esperar al desarrollo de la investigación judicial".
Respecto a la gestión directa del asilo, en manos de las Madres Mercedarias de la Caridad, Europa Press ha consultado con una de las hermanas que aseguró que ninguno de los supuestos delitos que se denuncian "por ese sector de trabajadores es cierto". Aparte de rechazar las acusaciones, la congregación insistió en que se están recibiendo presiones municipales y se aseguró que "el Ayuntamiento está incumpliendo los estatutos de la residencia de San Luis", según esta hermana.
Al margen de la polémica judicial, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Motril coincidieron en que el centro necesita una intervención urgente de reforma de las instalaciones. Además, la delegada Rosario Quesada advirtió de que en el caso de que estas reformas se retrasen "las 22 plazas que tiene la Junta de Andalucía concertadas en la residencia podrían ser retiradas".
Quesada afirmó que existen consultadas subvenciones de la propia Consejería para este fin, algo que confirmó la concejala motrileña al exponer que "en principio ha sido ratificada telefónicamente la aportación por la Consejería de 900.000 euros destinados a la ampliación del asilo y la construcción de un centro de día".
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