La Junta estudia el expediente de Los Verdes en el que solicita la nulidad de aprobación del PGOU de Almuñécar

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está estudiando el expediente por el que Los Verdes solicitaron a esta administración que declarara la nulidad de los acuerdos adoptados en el pleno del Ayuntamiento de Almuñécar del pasado día 17 de agosto de 2005 en el que se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad.

La delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Teresa Jiménez, señaló que esta petición viene porque, según esta formación, el acuerdo de pleno alcanzado en dicha fecha no cumple con la legalidad porque como señaló Los Verdes en ese pleno no se aprobó el estudio de impacto ambiental, herramienta "fundamental" para dar el visto bueno a un nuevo planeamiento.

"El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está estudiando este expediente y determinaremos si proceden o no acciones legales y cuales son", aseguró la delegada, quien señaló que el Ayuntamiento de Almuñécar realizó la aprobación inicial del PGOU en el mes de agosto "y en estos momentos no conocemos oficialmente el documento".

Según manifestó Jiménez "el objetivo de la Junta de Andalucía es que en éste como en el resto de los planes generales se cumpla escrupulosamente la legalidad".

"La Ley del Suelo no es una amenaza sino una garantía"

La delegada del Gobierno valoró igualmente la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo haciendo "una llamada a la tranquilidad" a los ayuntamientos, ya que esta normativa no es "una amenaza sino un garantía más de legalidad".

En su opinión, esta ley "no supone más que un conjunto de normativas que habitualmente cumplen los ayuntamientos", por lo que sostuvo que éstos no deben sentirse amenazados por uno de los aspectos que prevé la ley, la retirada de las competencias urbanísticas.

Así, Jiménez dijo que la retirada de las competencias en materia urbanística "es un procedimiento que se va a aplicar sólo a aquellos ayuntamientos en los que ya exista un incumplimiento fragrante sancionado por los tribunales", resaltando que se trata de "una medida extraordinaria que la Junta no quiere aplicar en ningún ayuntamiento".

"La nueva ley ofrece la posibilidad de que la Junta de Andalucía analice y supervise todos los convenios urbanísticos que los ayuntamientos acuerden", algo que será una garantía porque "vamos a velar por un urbanismo sostenible", argumentó la delegada, al tiempo que declaró que la Ley del Suelo no va a suponer "ningún freno" a los ayuntamientos y será "un instrumento útil y una garantía más de legalidad, que además "redefine" las competencias del Gobierno andaluz.