El Juzgado de instrucción de Almuñécar admite a trámite la querella del ayuntamiento contra el exalcalde Juan Rodríguez

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Almuñécar  ha admitido a trámite la querella denuncia que por parte del consistorio sexitano se interpuso contra los que fueron gestores de la Escuela Taller Castillo de San Miguel el pasado día 7 de diciembre, según ha notificado al Ayuntamiento el citado juzgado y que ha hecho público el edil de Medio Ambiente, Jesús García Alabarce

            García Alabarce informó que la denuncia afecta al que fuera alcalde socialista, Juan Rodríguez; los concejales, Ramón Martín e Inmaculada Fajardo, así como el responsables técnicos de la citada escuela; Juan Tamayo y Nicolas González Maraver.

El edil señaló que el razonamiento jurídico  que expone en el documento el citado juzgado para admitir a trámite la denuncia es que “ve unos hechos que quedan claros la actuación del desvío de caudales públicos destinados a usos distintos para los que fueron adjudicados y determina claramente un delito de malversación de caudales públicos al tiempo que hace una interpelación para que se embarguen los bienes, cautelarmente, de los denunciados para cubrir las responsabilidades de la fianza requerida por parte del Ayuntamiento y que se eleva entorno a 150.000 euros”, dijo

En opinión del concejal de Medio Ambiente, “queda claro que hubo un mal uso de los fondos de la Escuela Taller y por ello ha admitido a trámite con el fin de que los afectados den las explicaciones oportunas ante el Juez sobre donde fue a parar los caudales”

Por otro lado, Jesús García Alabarce, adelantó que la portavoz del PSOE, Rocío Palacios, “tendrá que dar la cara ante esta denuncia al haber sido admitida, porque hay que recordar que el dinero además de ser utilizado en algunas viviendas privadas también se hizo en la sede del PSOE”.

García Alabarce advirtió que Palacios “tendrá que certificar,  de alguna forma,  de que manera van a responder en su partido sobre el dinero que se les reclama y esta en la obligación política de adquirir un compromiso con los ciudadanos para devolverlo  que en ningún caso pueden terminar pagando los ciudadanos. En caso de que no se reintegre,  el dinero estamos dispuestos  ampliar la denuncia para que el PSOE también vaya a juzgado”,señaló