Un juez determinará la legalidad de la suspensión de licencias en el Puerto

GRANADA HOY.-M. EL KHATTAT / S. SEBASTIANI.- El Juzgado de lo Contencioso 2 de Granada deberá resolver la controversia surgida entre la Autoridad Portuaria de Motril y el Ayuntamiento de este municipio después de que el pleno acordara por unanimidad suspender la concesión de nuevas licencias a todas las empresas que pretenden instalarse en esta superficie.

Según ha podido saber este periódico en fuentes consultadas, la demanda judicial fue presentada por la Abogacía del Estado ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital a instancias de la anterior Autoridad Portuaria Almería-Motril, presidida por José Antonio Amate, al entender que desde el municipio se estaba produciendo una intromisión supuestamente ilegítima en las competencias propias de la Autoridad.

Durante el pasado mes de julio, la Abogacía del Estado decidió incorporar a aquella primera demanda el acuerdo unánime del pleno de Motril de 3 de julio por el que se decidió no conceder ninguna licencia para la ubicación de nuevas empresas en el recinto portuario durante dos años. De esta manera, el Ayuntamiento motrileño deja en suspenso el desarrollo del puerto hasta la elaboración deel Plan de Usos de la Autoridad Portuaria.

Aunque los actuales responsables del Puerto de Motril han insistido en que ellos no han suscrito la referida demanda, en sus manifestaciones públicas han mostrado su acuerdo con el espíritu de aquella denuncia.

En una misiva remitida al alcalde de Motril, el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Ángel Díaz Sol, mostró su rechazo al acuerdo plenario al considerar que "vulnera la legalidad vigente y es susceptible de originar al Puerto perjuicios graves y de difícil reparación, pues aleja la posibilidad de que se implanten nuevas actividades". En su carta, Díaz Sol insistía en que el acuerdo se había adoptado "sin el conocimiento de la Autoridad Portuaria como administración que gestiona la dársena motrileña" y, con respecto al Plan Especial, afirmó que "su formulación corresponde a la propia Autoridad Portuaria, según determina la Ley de Puertos del Estado".

Las fuentes consultadas explicaron que la demanda que presentó la Abogacía del Estado en nombre de la anterior Autoridad Portuaria no fue la única que llevó a los juzgados las decisiones limitadoras del municipio. Dos empresas con intereses en el Puerto también recurrieron aquella limitación al afectar al desarrollo de su actividad económica.

La ampliación de las actividades del Puerto de Motril ha sido motivo de una fuerte polémica entre los vecinos del barrio de Varadero y el Ayuntamiento motrileño, por una parte, y la Autoridad que gestiona la instalación portuaria. Si los primeros han insistido en que algunas de las actividades económicas allí desarrolladas han sido perjudiciales para la salud, los segundos han asegurado que las reticencias han frenado el desarrollo de la actividad económica.

El Ayuntamiento ha impulsado la creación del Foro de Desarrollo del Puerto de Motril, formado por asociaciones de vecinos, partidos políticos, la Autoridad Portuaria y todas las entidades que tienen algo que decir sobre el diseño del futuro Plan Especial de Usos del Puerto de Motril.