Juan Carlos Benavides catalogó como de amenazas las declaraciones de Manuel Chaves

 El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides, criticó hoy que las "amenazas" del presidente d la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y le recordó que la administración autonómica está "sometida" a los tribunales.

En declaraciones a Europa Press, Benavides respondió a las manifestaciones de Chaves, quien afirmó ayer que el PGOU "no saldrá adelante" si no respeta el desarrollo sostenible, lo que el alcalde achacó a la "manifiesta ignorancia" del presidente de la Junta "sobre la propuesta de planeamiento aprobada por una amplísima mayoría del Pleno del Ayuntamiento y con un respaldo masivo de las asociaciones y colectivos de la ciudad".

Según señaló, la propuesta aprobada "se decanta de forma absoluta por un desarrollo sostenible ligado a la preservación medioambiental", por lo que consideró que "no son de recibo las advertencias, o no sabemos si amenazas, de Chaves".

"No está de más recordarle a Chaves que vivimos en un Estado de Derecho y que la Junta de Andalucía que él preside está sometida a los tribunales de justicia y al ordenamiento constitucional", añadió.

Además, el primer edil de Almuñécar aclaró que "la deriva de la institución autonómica hacia un régimen monolítico en absoluto le autoriza a invadir las competencias municipales que vienen determinadas en el texto constitucional y mucho menos en erigirse en dueño y señor todopoderoso de todo lo que se mueve en Andalucía".

Del mismo modo, criticó la "alternativa de una Andalucía de subsidio y dependencia" del PSOE, frente a la "apuesta" del PA "por una Andalucía del trabajo y del progreso".

El presidente de la Junta de Andalucía precisó ayer que cuando conozca el PGOU y éste pase por la Comisión Provincial de Urbanismo habrá una decisión sobre el mismo, si bien su determinación al respecto es "muy clara".

"No quiero ciudades de cemento, ni desarrollos que vayan en contra del medio ambiente y del bienestar de los ciudadanos", aseveró Chaves, quien manifestó que "cualquier plan que no respete el medio ambiente ni piense en el futuro de los ciudadanos y sólo esté enfocado a crear una riqueza ficticia para hoy" lo tiene "bastante difícil".

El Ayuntamiento de Almuñécar anunció el pasado 2 de septiembre que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal de Estrasburgo la denegación por parte del Gobierno a que el municipio celebre una consulta popular referida a la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Así lo anunció el alcalde del municipio, Juan Carlos Benavides (PA), quien confirmó que, una vez reciba comunicación oficial de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, encargará un dictamen jurídico para proceder a recurrir la decisión ante el Supremo y, "si es necesario", también ante el Tribunal de Estrasburgo.

La Junta rechazó el pasado 13 de enero, en un informe, el referéndum sobre el PGOU que propuso el Ayuntamiento de Almuñécar. En dicho informe ,al que tuvo acceso Europa Press, la Administración autonómica realizó cinco alegaciones a la propuesta planteada por el Ayuntamiento de celebrar un referéndum por las que rechaza dicha petición, que debe decidir el Estado.

En primer lugar, según la Junta, en el acuerdo plenario por el que se pide la convocatoria de referéndum "no consta justificación o motivación alguna" acerca de la propuesta de celebrar esta consulta popular, "ni se citan antecedentes legales o informes o dictámenes que avalen la legalidad y la necesidad de la consulta".

Además, también entiende que la pregunta de dicho referéndum que el Ayuntamiento plantea "¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar?" no es una pregunta "inequívoca", y admite duda o equivocación, ya que a esta aprobación inicial se le han ido sumando en plenos posteriores distintos convenios urbanísticos de planeamiento, y su contenido ha cambiado con respecto a la fecha del 17 de agosto.

Del mismo modo, para la Junta, el Ayuntamiento no tiene competencias o no puede realizar un referéndum sobre un tema que tiene aspectos supramunicipales, como sería al PGOU.