TERRA.-El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril ha llamado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y a otros diez condenados por el caso 'Tropical Fruits' para que entreguen la relación de su patrimonio. El objetivo es ejecutar provisionalmente la sentencia de noviembre de 2003 y empezar a cobrar ya el multimillonario fallo. Una cantidad que el reciente auto judicial cuantifica por primera vez y que asciende a 3.476.771 euros. La resolución es firme y no cabe recurso.
Los condenados tendrán que abonar a partes iguales cerca de 600 millones de las antiguas pesetas o se 'decretará el embargo de bienes en cantidad bastante para cubrir las responsabilidades reclamadas'. El requerimiento es del 25 de octubre y otorga diez días de plazo para personarse en el juzgado. En el caso de que algún condenado no presente la relación de sus bienes 'podrá incurrir -dice el auto- en desobediencia grave', lo que conllevaría posibles problemas penales por presunta desobediencia.
Pese a que la sentencia del caso 'Tropical Fruits' se encuentra recurrida, el requerimiento judicial ha de ejecutarse y las cantidades se cobrarán, aunque después el procedimiento dé un giro de 180 grados y haya que desandar el camino. El destinatario de esos casi tres millones y medio de euros no es otro que el propio Ayuntamiento de Almuñécar, o lo que es lo mismo, todos los vecinos del municipio.
No ha trascendido el patrimonio que Juan Carlos Benavides ha declarado ante el juez. Sin embargo, el alcalde sexitano se ha encargado durante todo este tiempo de airear que es insolvente. De hecho, en el Registro de la Propiedad no consta ningún inmueble a su nombre y la declaración de bienes que el propio Benavides entregó en el Ayuntamiento se hizo irónicamente famosa porque únicamente figuraba entre su humilde patrimonio un vespino. En 2003, el Partido Popular ya interpuso una denuncia por un supuesto alzamiento de bienes del que el alcalde salió airoso. La denuncia fue archivada.
Lo que sí es evidente es que Benavides tiene, al menos, unas retribuciones como regidor. Además, un juzgado de Almuñécar ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por la Fiscalía del TSJA, por un presunto delito de alzamiento de bienes. Benavides se separó recientemente de su mujer y acordó pasarle una pensión compensatoria que absorbe el grueso de su sueldo, aparentemente, su único patrimonio embargable.
En su auto, el juez acuerda la ejecución provisional de la sentencia, que ha sido solicitada por lo que queda de la sociedad Tropical Fruits, cuyo capital era en su mayoría municipal. Es decir, por el propio Ayuntamiento de Almuñécar.
Fue la entidad, a principio de los noventa, cuando el Ayuntamiento sexitano estaba gobernado por el PSOE, la que presentó la demanda contra el antiguo consejo de administración capitaneado por Juan Carlos Benavides. Al llegar al Consistorio, los socialistas encargaron una auditoría de las empresas públicas que detectó el millonario agujero de Tropical Fruits. Se constituyó una comisión liquidadora que fue la que emprendió luego las acciones legales.
Tanto tiempo ha transcurrido hasta la sentencia de 2003 y su posterior recurso, que Benavides ha vuelto a presidir el mismo Ayuntamiento que ahora le reclama la ingente suma económica. Una cantidad que ahora se conoce al detalle: 1.414.897 euros de principal; 1.031.324 de intereses legales desde que se puso la demanda hasta que hubo sentencia; 228.680 de intereses moratorios; y 801.870 euros de intereses y costas de la ejecución.
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