El PSOE dice que Benavides se ha desprendido de su patrimonio para "no hacer frente" a sus obligaciones legales

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Almuñécar (Granada), Rocío Palacios, lamentó hoy que las personas que confiaron en el alcalde sexitano Juan Carlos Benavides en Tropical Fruits tengan ahora que responder con su patrimonio de la "mala gestión" y las irregularidades del edil, al que acusó de desprenderse de su patrimonio para "no hacer frente" a sus obligaciones legales.

Así lo manifestó en un comunicado, tras conocer un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Motril, en el que se acuerda la ejecución provisional de la sentencia dictada en 2003 por este caso, que está recurrida, y cuya cuantía asciende a 3,4 millones de euros, según publica hoy 'Ideal'.

A Palacios el requerimiento judicial no le sorprende "pues era algo que se veía venir y Benavides sabía", señaló la socialista, que "en cualquier partido político serio ya se hubieran depurado responsabilidades políticas".

En este sentido, criticó que Benavides "lejos de asumir su responsabilidad política" lo que ha hecho durante este tiempo ha sido "prepararse y desprenderse" de todo su patrimonio, por lo que ha llegado incluso a separarse legalmente y de forma "ficticia" de su esposa para así preservar sus bienes de ésta ejecución de sentencia.

Añadió que esta acción no es más que una "sinopsis" de su trayectoria política, ya que "siempre ha antepuesto sus intereses personales a siglas, ideologías y a aquellos particulares que confiaron en él".

Para Palacios, queda claro que el comportamiento del alcalde demuestra que "no es una persona de fiar bajo ningún concepto".

Desde el Grupo Municipal Socialista también se consideró que este auto indica, una vez más, que Benavides "no es un limpio" representante de la ciudadanía que está desacreditado ética y políticamente para presidir el Ayuntamiento de Almuñécar.

La socialista calificó de "ironía" el hecho de que la persona que tiene que pagar la sentencia es aquella que también tiene que recibirla como alcalde de la institución beneficiaria, el Ayuntamiento, y ante la que tienen que responder todos los condenados.