Carlos Rojas (PP) y Jesús Avelino Menéndez (PP) acusan al PSOE de la Mancomunidad de traspasar la deuda contraida por los ayuntamientos, con Aguas y Servicios Costa Tropical , a los ciudadanos subiendo el recibo del agua

El Partido Popular de Motril y el alcalde de Salobreña, Jesús Menéndez, acusan a los socialistas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de traspasar las deudas contraídas por los ayuntamientos de la Comarca con la concesionaria de agua a la ciudadanía mediante la subida del recibo.

Carlos Rojas, ha manifestado que el PSOE está manteniendo una política de ocultismo en el mencionado organismo supramunicipal al “no celebrarse reuniones, y cuando se convocan es para sacarle el dinero a la ciudadanía, que es lo único que les interesa a los socialistas, como es el caso de la aprobación del incremento en un veintiséis por ciento de las acometidas”. Además, Rojas incide en el hecho de que lo único que hace la Mancomunidad es “liberar a personas públicas y subir las tarifas, no importando iniciativas como la de un desarrollo sostenible y ordenado o la propia gestión, inexistente esta última por parte del señor Álvarez en la Presidencia de la comentada institución y en la Alcaldía de Motril”.

El alcalde de Salobreña  Jesús Menéndez, ha precisado que “el Grupo Popular no ha participado en ninguna de las subidas de tasas, como las del agua, abastecimiento, saneamiento y depuración, porque ha entendido que es una tomadura de pelo, y es que, a todas las alegaciones presentadas, el señor presidente tarda en contestar una media de más de cuatro meses, mientras que con un solo día de trabajo se podrían haber valorado todas éstas”. También, Menéndez subraya que “incluso, cuando se recibe una respuesta, los informes vienen sin firma alguna, y sólo están estudiados los casos por los técnicos, sin el visto bueno y la rúbrica del interventor o del secretario en ámbitos como el jurídico o el económico”, e intuye que las contestaciones a las propuestas populares “están hechas desde la propia concesionaria, y hay que dejar claro que la totalidad de las alegaciones están documentadas, por lo que parece que hay algo de ilegalidad en este asunto”.

Luisa María García Chamorro manifestó que su grupo “ha presentado diez alegaciones de carácter técnico y otras nueve, jurídicas, es decir, diecinueve en total, y todas se rechazan por los departamentos técnicos sin que participen en el estudio ni el secretario ni el interventor”. De esta forma, Chamorro estima que se producen ilegalidades en el proceso puesto que, como informa la edil del PP, los temas a debatir han de aprobarse en la Junta de la Mancomunidad. Sobre este aspecto, una de las supuestas irregularidades que observan los populares es la siguiente: “El canon de financiación, referente al precio del agua, según el pliego de concesión administrativa, sólo se tiene que destinar al Ciclo Integral del Agua, no obstante, se aplica para financiar todos y cada uno de los servicios de la Mancomunidad”, puntualiza Chamorro. El PP  han anunciado que llevarán este caso por lo contencioso-administrativo y, si es necesario, por lo judicial, a no ser que la Mancomunidad emita el informe preceptivo.