Siete años para un grupo que cobraba por pasar a inmigrantes

La sección algecireña de la Audiencia Provincial ha condenado a siete años de prisión a cada uno de los tres acusados de los delitos de secuestro, coacciones e introducción de inmigrantes irregulares que fueron juzgados el pasado día 15.

La sala entiende que de los hechos no se desprende que se produjera el secuestro, pero sí cree que los tres imputados formaban parte de una organización que ayudó al marroquí denunciante a entrar en España y que, posteriormente, le amenazaron diciéndole que si acudía a la policía, le expulsarían del país.

Los hechos sobre los que ahora se ha emitido sentencia ocurrieron en enero de 2005. A cambio de 7.000 euros, el marroquí embarcó desde Tánger con documentación falsa, proporcionada por la organización a la que pertenecen los ahora condenados. Éstos, posteriormente, le llevaron a Motril, supuestamente a trabajar, pero una vez allí, según el testimonio de la víctima, le intentaron sacar más dinero y le amenazaron con una pistola. De vuelta a la comarca, concretamente a Taraguilla, fue cuando dio cuenta de los hechos a los policías, aprovechando, dijo, un descuido de sus captores.

El fallo deja claro que los denunciados -de iniciales A.B., Y.D. y H.E. y todos ellos de nacionalidad marroquí- son culpables, pero no les puede achacar el delito de secuestro porque, argumenta, se produjeron circunstancias que hacen dudarlo y que hacen más aconsejable optar por la absolución.

Por ejemplo, se menciona que cuando el grupo viajaba a la localidad de Motril fue parado por la Guardia Civil en un control aleatorio y la supuesta víctima no aprovechó la ocasión para contar lo que le pasaba. Además, ya en la ciudad granadina, llegó a acudir a la comisaría para otra cuestión sin relación con el caso y tampoco allí dijo nada.

En consecuencia, la sentencia sólo considera un hecho probado la existencia de un delito contra los derechos de los extranjeros, agravado en este caso concreto por la existencia de amenazas y coacciones. La pena, pese a todo, es muy inferior a la que solicitaba el fiscal, de 20 años para cada acusado.