Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Motril llevará a pleno la Ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención del Vandalismo

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Motril someterá a la consideración del último Pleno municipal, que se celebrará el próximo mes de mayo, la Ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención del Vandalismo en espacios públicos, en la que han colaborado los distintos grupos políticos con representación en el Consistorio motrileño con importantes aportaciones al texto inicial.

El teniente de alcalde y concejal de Turismo y Seguridad Ciudadana, José Carlos López Pérez, ha informado de que la ordenanza prevé multas económicas por ruidos, destrozos de papeleras, rotura de árboles o pintadas en monumentos o paredes.

En la exposición de motivos de la ‘Ordenanza contra el Vandalismo’ se señala que existen en la ciudad colectivos minoritarios "pocos respetuosos con el medio urbano y con el resto de los motrileños" que causan daños en el mobiliario urbano "que suponen unos gastos de reparación importante", por lo que debe ser una pretensión del ayuntamiento "procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos".

La ordenanza contra el vandalismo del Ayuntamiento de Motril también prevé multar a quien le prenda fuego a un contenedor o realice pintadas.

López Pérez también ha indicado que la intención es "acabar con la sensación de impunidad que existe hoy hacia los autores de actos vandálicos, que cuestan anualmente al gobierno municipal miles de euros". Como se señala en el texto de la ordenanza, "estos gastos de reparación –cada vez más importantes- distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades y, que al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, se sufragan en realidad por todos los ciudadanos".

La nueva ordenanza consideraba objeto de esta norma todos los bienes del Ayuntamiento (desde parques, puentes, aparcamientos y plazas a fuente, estatuas, farolas, bancos, árboles, papeleras y señales de tráfico) así como las instalaciones que conforman el patrimonio urbanístico y arquitectónico de la ciudad (mercados, museos, colegios públicos, cementerios, centros deportivos y culturales).

 Se incluyen como conductas poco cívicas escupir y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, no respetar el descanso de los vecinos y la producción de ruidos que alteren la normal convivencia. El infractor, además de pagar la multa, tendrá que abonar la reparación de lo que haya roto.

En el caso de menores, la responsabilidad recaerá en los padres, pero podrán solicitar la sustitución de las multas por trabajos comunitarios, en virtud de la ‘Ordenanza de Educación y Re-socialización’, vigente en el Ayuntamiento desde 2005. Con estas sanciones económicas se pretende también implicar a los padres en el fomento de actitudes cívicas y de respecto a la normas elementales de convivencia en sus hijos.