El CGPJ estudia el caso de la juez de Motril que se le olvidó poner en libertad a un hombre que había sido absuelto

El Consejo General del Poder Judicial verá previsiblemente el próximo 20 de junio el caso de la juez de Motril (Granada) suspendida provisionalmente de sus funciones tras presuntamente olvidar ordenar la libertad de un hombre que pasó más de un año en la cárcel por un delito de robo del que fue absuelto.

Según informaron fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, este asunto será estudiado en la comisión disciplinaria.

Las mismas fuentes indicaron que es probable que el Servicio de Inspección proponga a la comisión disciplinaria abrir expediente a la juez por una falta muy grave de desatención y si la comisión aceptara esta propuesta nombraría a un instructor para escuchar a esta juez, Adelina Entrena, recabar pruebas y proponer una sanción.

La comisión permanente del Consejo acordó el pasado martes, por "razones de urgencia", la suspensión de Entrena, magistrada del juzgado de lo penal número 1 de Motril después de que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitiera a trámite una querella interpuesta contra ésta por el fiscal por delito contra los derechos fundamentales.

Contra este acuerdo, aunque es definitivo en vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

Por otra parte, esta juez fue expedientada en noviembre del año pasado por el CGPJ por la posible comisión de una falta muy grave por presuntamente haber usado su cargo para obtener ventajas injustificadas y favorecer a su ex pareja.

La comisión disciplinaria adoptó esta decisión de acuerdo con la propuesta del Servicio de Inspección, partidaria de abrir expediente disciplinario a la juez por la posible comisión de una falta grave del apartado 13 del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Dicho apartado establece que es falta muy grave "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales".

Según el Servicio de Inspección, la juez denunció por amenazas a su ex pareja, causa de la que ella se abstuvo, y posteriormente "intentó conseguir favorecer al imputado sustrayendo el procedimiento de la normal tramitación que venía acordada con el objeto de ralentizarlo", lo que negó Entrena.

Para la Inspección, la juez "abusó de su condición (..) para obtener de la secretaria judicial una ventaja injustificada cual es darle al proceso la tramitación que a ella le interesaba y que se demorase su celebración, ventaja que hubiese sido imposible obtener si hubiese actuado como particular".

"Los elementos que integran dicha falta muy grave consisten en la utilización de cargo de juez fuera de los cauces y funciones legales con la finalidad de obtener ventajas injustificadas no amparadas por dicho cargo", concluyó la Inspección.

Según la LOPJ, las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 300 euros o con ambas, las graves con multa de 300 a 3.005 euros y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.