La Guardia Civil denuncia a los vecinos de Albuñol que se manifestaban reivindicando la vuelta del párroco

Los vecinos del término municipal de Albuñol (Granada), que exigen la vuelta del párroco Gabriel Castillo a la localidad, destinado a Cenes de la Vega, han sido denunciados por la Guardia Civil por manifestarse en dos ocasiones, el 19 y el 22 de julio, sin autorización previa.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del colectivo y denunciada, Custodia Manzano, aseguró que la denuncia hace referencia, por un lado, al acto de protesta que tuvo lugar en la iglesia el pasado día 19 de julio, donde se reunieron unas 400 personas, y, por otro lado, a la concentración celebrada días después en las calles del municipio.

En concreto, la denuncia, que la Subdelegación del Gobierno ha remitido por escrito a Manzano, especifica que el pasado día 22 la denunciada, junto con 200 vecinos, se manifestaron durante más de dos horas y media, desde las 20.00 a las 22.30 horas, en la vía pública para dirigirse desde El Calvario hasta la Plaza de San Andrés.

En este sentido, el documento judicial asegura que la portavoz de este colectivo era quien encabezaba la manifestación 'conduciendo un vehículo' y la dirigía 'a través de un megáfono'. Una situación que, según la Guardia Civil, provocó 'el peligro de los transeúntes y de los coches' que se encontraban en la zona.

De este modo, continua la denuncia, cuando los agentes advirtieron a los manifestantes de que cesaran en su actitud ante la 'peligrosidad de la situación', los vecinos 'desobedecieron dicho requerimiento con pitadas y tambores', una circunstancia que Manzano tachó de 'absoluta mentira'.

De otro lado, la otra manifestación de la que los vecinos no tenían autorización oficial corresponde a la del pasado día 19 de julio, cuando vecinos de Albuñol se dieron cita desde las 21.00 hasta las 23.30 horas a las puertas de la iglesia y en la plaza del Ayuntamiento.

A este respecto, la parte denunciante concreta en la denuncia que ni este acto de protesta ni la manifestación llevada a cabo días antes fueron notificadas previamente a la Subdelegación del Gobierno en Granada para recibir la autorización pertinente, lo que supone una sanción administrativa tipificada en la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana y sancionable con multa de 301 euros.

Por su parte, Manzano aseguró que el lunes recurrirá la denuncia, puesto que tiene 15 días hábiles para presentar alegaciones y pruebas, al tiempo que aseguró que 'en ningún momento hemos querido ir contra la ley, por ello, una vez que supimos que este tipo de manifestaciones sin autorización estaban prohibidas, el 24 de julio, acudimos a Subdelegación a pedirlas para futuras protestas'.

No obstante, señaló que, finalmente, declinaron formalizar dicha petición porque había que hacerlo con diez días de antelación, por lo que, a partir de ese momento, aseveró la portavoz de los vecinos, 'hemos hecho manifestaciones pacíficas y por las aceras de las calles, es decir, protestas que no incurran contra la ley'.