24 Detenidos, 8 de ellos en Granada, por un presunto fraude en el impuesto sobre el alcohol superior a los 4 millones de euros

Veinticuatro personas han sido detenidas en distintos puntos de España en una operación realizada por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril (SVA Granada) por estar implicados en una trama de producción y distribución de alcohol que eludía el pago del impuesto de alcoholes.

Se calcula que lo defraudado asciende a 4,5 millones de euros durante los últimos 15 meses, según han informado a Efe fuentes de la Agencia Tributaria.

En total se han detenido a ocho personas en la provincia de Granada -de ellas cuatro en la capital y el resto en Salobreña- dos en Córdoba, una en Madrid, dos en Cartagena y once en Murcia, por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantil y un delito contra la salud pública.

Algunos de los detenidos han estado vinculados con anterioridad a otras operaciones realizadas por el SVA a nivel nacional e imputados por casos similares, como la desnaturalización de alcohol para posteriormente volverlo a su estado y comercializarlo como bebida para usos de boca, distribuido en países escandinavos (Noruega, Suecia y Dinamarca).

La mayoría de las detenciones se practicaron ayer en el marco de una operación denominada "Soledad" dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Motril (Granada), que ordenó 23 registros simultáneos en distintos puntos de España, entre ellos Salobreña, Granada, Murcia, Madrid, Orense, Cartagena y Córdoba, han informado a Efe fuentes judiciales.

La investigación, que se inició en junio de 2006, ha sido coordinada desde el principio por el Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril, organismo dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ésta ha efectuado registros en empresas relacionadas con la destilación, distribución de alcoholes y productos químicos radicadas en distintos puntos del país, entre ellas tres alcoholeras (dos en Granada y una en Madrid), seis destilerías ubicadas en Murcia, Cartagena y Orense, dos bodegas (Huelva y Murcia) y cuatro empresas químicas.

Las empresas presuntamente implicadas, dedicadas a la fabricación y distribución de alcohol, ocultaban parte de su producción y comercialización al control de la Agencia Tributaria, al que, por su especial tributación, están sometidos.

Según los cálculos realizados, en algunos casos se transportaban cubas enteras -unos 30.000 litros- que no eran declaradas, alcanzando un valor superior a los 300.000 euros, cada una de ellas, en impuestos eludidos.

También se llevaron a cabo un total de 23 registros, donde se intervino documentación y material informático de esas empresas.