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Una semana lleva un constructor en una tienda de campaña en las puertas del Ayuntamiento de Castell solicitando que se le otorgue la licencia de ocupación de 64 viviendas

Una semana lleva un constructor en una tienda de campaña en las puertas del Ayuntamiento de Castell solicitando que se le otorgue la licencia de ocupación de 64 viviendas
Cerca de un centenar de personas se han concentrado ante las puertas del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro para mostrar su apoyo a los socios de una constructora a la que el Consistorio ha denegado la licencia de ocupación de una promoción de viviendas.
Los socios de la constructora de Peligros llevan cinco días acampados delante de este consistorio en señal de protesta por la paralización administrativa de la promoción, que está ’prácticamente terminada y vendida’, según ha indicado José Antonio Baena, uno de los socios.
Ha añadido que el problema radica en que una modificación puntual de su promoción, que fue aprobada por el pleno municipal, no fue remitida en su momento a la Junta por el Consistorio, por lo que ahora deberán de estar a expensas de la adaptación que tiene que realizar el municipio a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
Baena ha defendido que cuentan con todos los permisos en regla y que incluso realizaron una modificación puntual que fue solicitada por los técnicos municipales de ampliación de la anchura de la calle donde se encuentra la promoción de viviendas.
La empresa Groslipe SL, que tiene su sede en Peligros, está realizando un edificio en Gualchos-Castell de Ferro con 64 viviendas que está en su totalidad vendido desde el 2007, pero a falta de la licencia de primera ocupación que tiene que conceder el Ayuntamiento.
Mantienen que la situación de la empresa es ’desesperada’ y que está prácticamente en la ’ruina’, de tal forma que de una plantilla de cerca de un centenar de trabajadores ’sólo quedan los socios’.
Además, ha asegurado que se siente ’preocupado’ por la situación de los propietarios de estas viviendas que ’llevan algo más de dos años pagando y que no pueden hacer utilidad de ellas debido a las diferencias urbanísticas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento’.

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