Condenan a 8 meses de prisión al gestor de una residencia de Diputación en Almuñécar por no cesar su actividad musical

La Audiencia Provincial de Granada ha ratificado una condena de ocho meses de prisión para el gestor de una residencia vacacional de Almuñécar, dependiente de la Diputación, por un delito de desobediencia ante las varias órdenes que dio el Ayuntamiento para que cesara la actividad musical.

Según recoge la sentencia, que ha hecho pública hoy el PP, se declaran como hechos probados que el acusado, representante legal y responsable del establecimiento Turismo Tropical, incumplió varias órdenes del consistorio para el cese de actividades musicales, cuyos equipos llegaron a ser precintados el 18 de agosto de 2003.

Sin embargo, el inculpado "siguió en la realización de la actividad musical desoyendo el requerimiento municipal", por lo que fue condenado por un delito de desobediencia, ante lo que recurrió a la Sección 1 de la Audiencia Provincial, que ha desestimado el recurso de apelación.

El PP ha anunciado hoy que pedirá en el próximo pleno de la Diputación de Granada la rescisión del contrato de gestión de servicios de la Residencia Vacacional Turismo Tropical de Almuñécar con el actual adjudicatario y que se inicien los trámites necesarios para adjudicar una nueva concesión.

Los diputados populares han recordado que el empresario condenado gestiona el local desde 1988 y que desde 1993 se producen las denuncias y quejas de los vecinos respecto a la celebración de eventos musicales en directo así como los requerimientos del Ayuntamiento del municipio.

La diputada Carmen López ha denunciado además desde la empresa concesionaria de la residencia no se cumplen las cláusulas del contrato como la adecuación de un gimnasio, que actualmente es "una porquería", una biblioteca o el desarrollo de actividades recreativas y sociales.

Su homólogo en la institución Francisco Javier Martínez ha manifestado que el gestor imputado está relacionado con el PSOE, del que es militante, y lo ha acusado de saltarse "a la torera" las normas y requerimientos de la justicia y del propio Ayuntamiento, "apoyándose en que la Diputación lo respalda".

El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Antonio Robles, ha recordado que los pliegos de condiciones se hacen "para cumplirlos" y ha denunciado el hecho de que en el edificio se estén desarrollando unas obras que se encontraban paralizadas y cuya financiación procede de una escuela taller del ente provincial.