El alcalde de Molvízar se enfrenta hoy a 15 meses de cárcel por presuntas coacciones a un trabajador para que votase al PP

El alcalde de Molvízar Fermín García (PP), se enfrenta hoy a una petición del fiscal de 15 meses de cárcel acusado de coaccionar, junto a un encargado municipal, a un trabajador para que votase a su partido en las últimas elecciones.

La vista oral, que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, llega después de que en 2008 el Ayuntamiento de Molvízar fuera condenado, por la vía social, a readmitir o indemnizar con unos 12.000 euros al trabajador, un oficial de segunda empleado en labores de mantenimiento que recibió una carta de despido tras negarse supuestamente a las exigencias del alcalde y su encargado.

En el juicio de hoy el alcalde y el encargado municipal, Francisco Arenas, se enfrentarán, cada uno de ellos, a una petición de 15 meses de cárcel por un delito de coacciones.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, el Ministerio Público mantiene que Fermín García, como alcalde de Molvízar, y el encargado municipal Francisco Arenas García, "en su afán de conseguir el mayor respaldo electoral", desde el comienzo del mes de mayo de 2007 "urdieron de común acuerdo un plan" para "forzar la voluntad" de determinados trabajadores del Ayuntamiento.

La finalidad, según el fiscal, era asegurarse de que el voto de los empleados y de sus familiares más cercanos iba dirigido a la candidatura del PP, encabezada por García, y en el que figuraba también como candidato en quinto lugar un hermano de Francisco Arenas.

De manera más o menos "velada", los acusados no dudaban en "amedrentar" la voluntad de los trabajadores amenazando con las "represalias" que, a nivel laboral, les podía acarrear un comportamiento distinto al exigido y que pasaba por obligarles a votar por correo para acreditar el sentido del voto.

Así ocurrió con el trabajador Carlos Jiménez, oficial de segunda empleado en labores de mantenimiento, que fue abordado por Arenas, quien le advirtió de que sólo seguirían trabajando aquellos empleados que votasen al PP, según el escrito de la Fiscalía.

Este empleado fue despedido tras negarse presuntamente a votar por correo al PP.

El Ayuntamiento, que justificó en su momento el despido en la contratación de un operario de servicios municipales, fue condenado por la vía social a readmitir o indemnizar al trabajador por despido improcedente, fallo que fue avalado luego por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.