Flor Almón resalta el esfuerzo de la Junta para combatir el picudo rojo que anida en las palmeras de la Costa de Granada

La parlamentaria andaluza y responsable de Política Municipal de la Gestora del PSOE de Motril, Flor Almón, ha subrayado los esfuerzos que está haciendo la Junta de Andalucía para reforzar las medidas de control y lucha contra la plaga de ‘picudo rojo’, que afecta a numerosas palmeras de Motril y el resto de la comarca de la Costa Tropical. Almón ha destacado que el decreto que declara de utilidad pública la lucha contra la plaga del ’picudo rojo’ refuerza la obligatoriedad de tomar medidas fitosanitarias para evitar la expansión de la enfermedad y fija los criterios de coordinación entre la consejería de Agricultura y Pesca, los ayuntamientos y los propietarios privados.

Almón ha indicado cómo, entre otras exigencias, el decreto obliga a productores, viveristas y comerciantes e importadores de plantas a inscribirse en un registro oficial y mantener un cuaderno de campo -preferentemente en soporte digital- en el que se anoten los movimientos de las plantas, los tratamientos que se les aplican y los posibles casos detectados. Esta información, después, la verifica la consejería de Agricultura y Pesca, la cual, tras revisar todos los datos, emitirá pasaportes fitosanitarios que acrediten que las palmeras han sido tratadas con productos autorizados.

Otra de las novedades del decreto afecta a los importadores de palmeras, a los cuales se les obliga a ubicar las plantas en una parcela separada al menos por un kilómetro de distancia de las que ya están asentadas. Además, la Junta pedirá a los importadores un certificado fitosanitario emitido por el país de origen que deberá justificar que al menos durante un año las palmeras han estado sometidas a tratamientos preventivos.

Por otra parte, el decreto establece que los propietarios deberán notificar a la consejería de Agricultura y Pesca la aparición de síntomas de la plaga, así como permitir a su personal técnico autorizado el acceso a los lugares donde se encuentran las plantas. Esta obligación de informar de cualquier sospecha se hace extensiva a los ayuntamientos, que además tendrán que facilitar el listado de empresas que realizan labores de cultivo con las plantas sensibles en sus términos municipales.

Finalmente, la norma distingue dos tipos de área de aplicación de medidas preventivas y de lucha contra la plaga, en función de la existencia o no de plantas afectadas: la zona infestada, para la que se fija un radio de un kilómetro, y la zona tampón, que se extiende en un radio de 10 kilómetros a partir del límite de la anterior. La declaración de ambas zonas corresponde a la consejería de Agricultura y Pesca, la cual establecerá un periodo de cuarentena de dos años. Además, si se detecta grave peligro de propagación, las plantas sensibles deberán ser eliminadas.

Flor Almón ha indicado que tanto los particulares como los ayuntamientos tienen a su disposición toda la información actualizada sobre las distintas zonas demarcadas en Andalucía, junto con la relativa a los métodos más eficaces para el control de la plaga, en la página web de la Consejería.

El ’Rhynchophorus ferrugineus’, conocido como el picudo rojo, se detectó por primera vez en 1995 en Almuñécar (Granada). Diez años después, la plaga se extendió hacia zonas fuera de control debido al fuerte desarrollo urbanístico y al consiguiente aumento de las plantaciones y de las importaciones de palmeras procedentes de países contaminados, principalmente Egipto. Desde entonces, la Junta ha destinado más de 9 millones de euros a medidas de control, información, asesoramiento y coordinación