EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR CONTINÚA CON LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar continúa con el procedimiento de demoliciones de las obras ejecutadas ilegalmente y que no pueden ser legalizables. De esta manera, cumplen con el estricto cumplimiento de la legalidad en la materia que obliga a proceder en este sentido. 

De hecho, la pasada semana se ha procedido a instar a nuevas demoliciones, en cumplimiento con sus correspondientes expedientes de disciplina urbanística, tendentes todos ellos al restablecimiento de lo establecido por la Ley. 

Recientemente, el Consistorio sexitano, en su obligación por velar por el cumplimiento de la normativa urbanística, informaba a los ciudadanos de la necesidad de ser respetuosos con los parámetros que estipula la Ley vigente, a fin de evitar medidas indeseadas, pero ineludibles, como son las demoliciones de obras ilegales e ilegalizables, una vez concluida la tramitación previa de las multas coercitivas. 

En cumplimiento a este mandato e imperativo legal, al pleno ordinario del pasado mes de julio, celebrado el día 19, llegaron un total de 16 expedientes de disciplina urbanística, con origen en sendas obras realizadas de forma ilegal por sus promotores. Unos expedientes que están suponiendo la demolición de lo construido ilegalmente, con la correspondiente imposición de las multas coercitivas que exige la Ley, pero que no fueron apoyados por el Partido Socialista (PSOE), que no respaldó con su voto el restablecimiento de la legalidad alterada. 

Por su parte, el portavoz de Convergencia Andaluza (CA) y concejal de Urbanismo, Jesús García Alabarce, defendió que es un "procedimiento reglado" y que su responsabilidad "es hacer cumplir las normas urbanísticas", en un asunto en el que "hay que ser muy escrupuloso en la tramitación de los expedientes", sosteniendo que son los ciudadanos quienes han cometido estas ilegalidades, realizando unas obras a sabiendas de su ilegalidad, con las que "a veces se ocasionan a sí mismos mayores perjuicios".

Tampoco el PP respaldó la mayoría de expedientes, planteando algunas objeciones a los que contaban con una licencia o autorización condicionada a la inscripción en el registro de la propiedad, con obras realizadas en algunos pagos del municipio o en negocios de La Herradura. Sobre estos negocios, el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, quiso aclarar que las autorizaciones condicionadas fueron otorgadas por el Ayuntamiento, en algunos casos, procedentes de 1995, pero que no fue hasta 2005 cuando la inspección urbanística detectó el problema. 

Procedimientos 

Los expedientes de demolición, procedentes de licencias de obra o expedientes que terminan en multas coercitivas para restablecer la legalidad urbanística, no son, según Jesús García Alabarce, inventos de la corporación ni del actual equipo de Gobierno. Están acorde con la Ley "y si no los cumplimos, puede que alguien de su entorno nos denuncie", manifestó en el citado pleno municipal. En este sentido, declaró que "la mejor medida es la de ajustarnos a lo que estipula la Ley".

En cuanto a las multas, están valoradas en un porcentaje que no puede superar el 10 por ciento del total de la obra ilegalmente realizada y durante un periodo que se estipula en un máximo de 12 multas de periodicidad mensual. Una vez alcanzado ese número la Administración deberá actuar iniciando el trámite de ejecución subsidiara para llevar a cabo la demolición de la obra realizada, en el caso de que el infractor no lo haya hecho de motu propio.