Desestiman petición archivo de causa contra Benavides por delito urbanístico

El juez sustituto del Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha desestimado la petición de la defensa del alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, para que se archive la causa a la que se enfrenta por un delito contra la ordenación del territorio, y mantiene la fecha del juicio para el 8 de octubre.

El abogado solicitaba el archivo del proceso por vulneración de los derechos fundamentales, dado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo había dictado ya por esta misma causa sentencia, en la que además declaraba inadmisible el recurso presentado por la Junta de Andalucía.

 

Benavides se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón cubierto en el núcleo de La Herradura.

 

Según la resolución del Juzgado de lo Penal, a la que ha tenido acceso Efe, la sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso Administrativo no resuelve definitivamente la causa, ni aporta en sí misma "datos esenciales al objeto de este procedimiento".

 

Considera además que resulta "evidente" que el procedimiento penal tiene por objeto determinar el delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística que se le atribuye al alcalde.

 

El juez mantiene además la celebración del juicio para el próximo 8 de octubre, como ya fijó de forma provisional el pasado 12 de julio, cuando fue aplazada la vista oral por la petición de anulación de la defensa y la incomparecencia de un testigo.

 

Por esta causa, la Fiscalía solicita para el alcalde de Almuñécar y varios miembros del equipo de gobierno del anterior mandato de la corporación municipal dos años de cárcel y 10 de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón cubierto en La Herradura, proyecto que se aprobó en 2005 a sabiendas, según el Ministerio Público, de que el terreno era no urbanizable