Benavides se enfrenta a 2 años de cárcel por la construcción de un pabellón en terreno no urbanizable y que la Junta dio su VºBº

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), que se enfrenta a dos años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción de un pabellón en la Herradura, ha mantenido que “jamás pensó” que estaba cometiendo una ilegalidad.

Así lo ha declarado durante el juicio celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, en el que la Fiscalía ha mantenido su petición de cárcel e inhabilitación para él y varios miembros del equipo de gobierno del anterior mandato por esta causa.

El Ministerio Público ha mantenido que el proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno municipal en 2005 a sabiendas de que el terreno era no urbanizable y tenía una especial protección al estar declarado en el PGOU como rústico, agrícola o paisajístico.

El proyecto de actuación de la zona a requerimiento de la Junta se inició en 2007, cuando el pabellón estaba en avanzado estado de construcción, error que intentaron subsanar, según el fiscal, que ha tachado de “irregular” la actuación municipal.

Por su parte, Benavides ha declarado ante el juez que jamás pensó que estaba cometiendo “una ilegalidad” al haberse basado en todo momento en los informes realizados por los servicios técnicos municipales, y ha asegurado que la Junta de Andalucía “no puso ningún reparo” a la realización de este proyecto.

El alcalde ha señalado que la ubicación del Pabellón de los Deportes se decidió con anterioridad al acuerdo de la Junta de Gobierno, en un pleno celebrado en noviembre del 2004, cuando se aprobó que dos fincas que habían sido cedidas por una empresa hotelera se destinaran a equipamientos deportivos.

Según ha dicho, se llegaron a firmar dos convenios con la Junta para la construcción de esta instalación deportiva, en la que llegaron a intervenir dos consejeros diferentes.

El alcalde y el resto de concejales acusados han coincidido en afirmar que todos los informes habían sido supervisados por la secretaría municipal así como por la Oficina técnica del Ayuntamiento, y que en ninguno de ellos figuraba sugerencia alguna para cambiar el uso del terreno.

Años más tarde, la Junta de Andalucía solicitó que se subsanase el error con la redacción de un Plan parcial de la zona, algo que se hizo “nada más recibirse la notificación”, han declarado.

Preguntados por el hecho de que la construcción del Pabellón no estuviera en el orden del día de la Junta de gobierno, indicaron que es “habitual” que algunos temas entren por la vía de urgencia al llegar con “poco tiempo” para ser tratados.

En el juicio han declarado también dos testigos que realizaron diferentes informes para la Junta sobre la construcción del pabellón y las anomalías de éste.

Uno de ellos apuntó que no existía informe de obras públicas para el cambio de uso del suelo, y el otro que el proyecto de actuación sobre esa finca debería haberse realizado con anterioridad.

La defensa, ejercida por el abogado Rafael Revelles, ha solicitado la absolutoria para sus defendidos y ha apuntado, entre otras consideraciones, que el pabellón se hizo para un bien social.

Ha señalado además que la ley urbanística redactada por la Junta establece las sanciones administrativas que se deben imponer en estos casos y que, dice, nunca deben ser penales.

Tras subrayar que los concejales y el alcalde se basaron en informes realizados por los técnicos municipales, la defensa ha apuntado a la posibilidad de que uno de los testigos pueda tener intereses en el resultado de la sentencia al estar representando actualmente a la Junta de Andalucía.

Los hechos se remontan al 25 de enero del 2005, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto básico de ejecución del pabellón cubierto de la Herradura en una parcela que según el PGOU es zona rústica.

El 11 de noviembre del 2006 la Junta de Andalucía hizo un requerimiento al Ayuntamiento para que revisara el acuerdo.