El Ayuntamiento de Motril paga el 'billete de vuelta' a 15 gitanos rumanos de un asentamiento
EL MUNDO.- Cuatro familias, unas quince personas, instaladas desde finales de julio en una rambla de la zona de Los Álamos, una parcela de propiedad municipal junto al barrio del mismo nombre de Motril. Rumanos de etnia gitana en paro, dedicados a acercarse hasta el punto limpio de la ciudad –a poco menos de 500 metros de la zona– para hacerse con chatarra que revender. Siete niños, uno escolarizado, y una joven embarazada.
"Han venido a las cuatro, a las cinco de la madrugada. Aparcan en la puerta y con un megáfono nos gritan ’De parte de Sarkozy, volveos a vuestro país". El que habla es el único de la docena que quedan que chapurrea el castellano con facilidad. Será él único que se quede en Motril pasada esta semana, porque tiene trabajo en la construcción –"un día sí, otro no, nunca contrato"– y una oferta para un empleo en el puerto a partir de diciembre. "No todos los vecinos nos tratan mal", aclara rápidamente: "Como saben que hay niños, algunos han venido a traer comida o mantas".
La polémica viene, precisamente, del descontento aparente del resto de vecinos, y de la decisión del Ayuntamiento de desalojarlos de la parcela pública. El 29 de octubre, el pleno aprobó el desalojo y creó un foro municipal para analizar la situación, comandado por la concejalía de Acción Social, por la "sensación de inseguridad" denunciada por algunos vecinos. Y las soluciones propuestas pasan por pagar el billete de regreso a Rumanía a los que aún no se han ido.
Motril Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Gitana Anaquerando presentaron un escrito ante el Ayuntamiento denunciando que la "inseguridad" no se ha concretado en denuncias de delitos concretos. Tampoco existen informes sobre la situación social de exclusión de las familias, y denuncian que el tratamiento del problema se ha "etnificado" sobre su doble condición de rumanos y gitanos.
En el asentamiento conviven puertas viejas recogidas de la basura, tejados de zinc, carritos de la compra y moscas alrededor de los niños. Contrasta con el interior de las chabolas, ordenado dentro de su precariedad. Igual que los comentarios de los transeúntes, desde el trabajador del campo que pasa por delante y dice "criaturas son, si han venido habrá que aceptarlos", al que confunde a los voluntarios de las ONG con funcionarios y les pide "a ver si los echan, que vaya tela con el ruido y el olor".
No quieren dar sus nombres ni salir en las fotos. Una de las parejas del asentamiento se marchó a finales de octubre con su hijo, después de que un compatriota se ofreciese a pagarles el billete de autobús. El resto esperan a que el Ayuntamiento les costee los 80 euros de viaje más "algo para comer", ya que son tres días en autobús, mientras arreglan los papeles con el consulado. La mujer embarazada ha renunciado a recibir atención médica si con ello vuelve a su país. Por su parte, el único de ellos que piensa quedarse afirma que él es "ciudadano comunitario" y tiene sus "papeles, además de trabajo. Si no tengo casa, ¿no me puedo quedar aquí?".
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