Chamizo solicita un informe al Ayuntamiento de Motril y otro a las ONG sobre el levantamiento del asentamiento

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado sendos informes al Ayuntamiento de Motril (Granada) y a las ONG en relación con el desalojo de un asentamiento chabolista instalado en el barrio de Los Álamos, en unos terrenos de propiedad municipal, donde habitaban varias familias de nacionalidad rumana a las que el Consistorio ha pagado el viaje de vuelta a su país de origen.

   Así lo ha anunciado Chamizo durante su intervención en los desayunos de la Caja Rural del Sur en Huelva, en los que ha informado de que ya ha telefoneado personalmente al alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), que le ha explicado que la medida responde "a la petición" del propio grupo, si bien ha destacado que esta versión difiere de la dada por las ONG, que apuntan que la medida es "una forma de echarlos".

   Ante esta situación, el Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado un informe al ente local y otro a las ONG para "poder decidir". No obstante, ha incidido en que ha llamado al alcalde al ser "lo más directo".

   Según explicó el pasado día 17 el concejal de Interior en el Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, el procedimiento seguido cumple "la más estricta legalidad" y se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta la nacionalidad" de los afectados, ya que en este asentamiento también vivían personas de origen magrebí y español.

   "Se ha seguido el procedimiento de sanción administrativa habitual" y ahora "nos encontramos en la fase de que la totalidad de las personas que había --en el asentamiento-- se han marchado y las máquinas están limpiando la basura" acumulada en la zona, relató entonces el edil, que subrayó que el desalojo fue pactado con los afectados, aproximadamente unas 15 personas de nacionalidad rumana, las cuales "se querían ir".

   Frente a ello, La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Gitana Anaquerando y Motril Acoge criticaron en un comunicado conjunto la actuación del Ayuntamiento de Motril en el desalojo y pago del billete a su país de los ciudadanos rumanos de un asentamiento chabolista ubicado en el barrio de los Álamos, que calificaron como una expulsión "disfrazada" por motivos étnicos.

   Por su parte, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, anunció el pasado día 19 que su departamento ha pedido al alcalde de Motril (Granada) que "remita la información solicitada" sobre cómo se ha producido el desalojo y pago del billete a su país de los gitanos rumanos que vivían en un asentamiento chabolista ubicado en el barrio de los Álamos.