El juicio por el desplome de la autovía A-7 se celebrará en febrero de 2012

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha fijado para el próximo mes de febrero de 2012 el juicio por el desplome, en 2005, de una estructura metálica en un viaducto en construcción de la autovía A-7 en Almuñécar que costó la vida a seis trabajadores, cinco de ellos portugueses.

Así lo han indicado hoy a Efe fuentes judiciales, que han precisado que la vista oral, que sentará en el banquillo de los acusados a una decena de personas, comenzará el 1 de febrero y que está previsto que se prolongue todo ese mes.

La jueza que instruyó el caso acordó la apertura de juicio oral contra doce imputados por el desplome, si bien la Fiscalía acusó en su escrito de conclusiones provisionales a once de ellos y solicitó el sobreseimiento de la causa para el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

En concreto, la acusación pública pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada uno de las once personas a las que imputa por el accidente, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento.

A diez de estos once imputados, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad de Fomento, se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes, por los que se enfrentan a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo.

Para el último acusado, el capataz de Estructuras y Montajes de Prefabricados, una de las empresas que intervino en la obra, el fiscal pide tres años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación por seis delitos de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes.

Por su parte, el sindicato UGT, personado en la causa, pide un total de 52 años y medio de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados, mientras que CCOO solicita un total de 288 años de cárcel para los doce imputados por la jueza.

El accidente se produjo en la tarde del 7 de noviembre de 2005 y en él murieron cinco trabajadores portugueses y un español y otros tres resultaron heridos.

La obra había sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- que subcontrató parte de los trabajos a la gallega especializada en viaductos Estructuras y Montajes de Prefrabricados, que, a su vez delegó parte en la portuguesa Douro Montemuro.