Motril Acoge pide el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES)

 

Andalucía Acoge y la asociación Motril Acoge, han iniciado la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIEs" con el objeto de pedir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y denunciar "el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento que regulará el funcionamiento de estos Centros". Con esta campaña se quieren reclamar los derechos de las personas detenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, personas privadas de libertad que no han cometido otro delito que no tener la documentación adecuada para permanecer en España. 

La campaña, además, está avalada por más de 3.000 firmas, entre las que se encuentran reconocidos juristas, artistas, periodistas y académicos. Motril Acoge la dará conocer en Motril mañana jueves día 16 a las 12 de la mañana en la entrada del puerto comercial deportivo, con la presencia de  Mikel Araguas de Andalucía Acoge y de Angel Alonso de Motril Acoge. 

El manifiesto dice:

Las organizaciones sociales, entidades y ciudadanos abajo firmantes pedimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por España, y mostramos nuestra preocupación por el oscurantismo con que el Gobierno español está elaborando el Reglamento que regulará el funcionamiento de estos Centros. Margina así a la sociedad civil en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados y represivos de la política migratoria: la privación de libertad a personas que no han podido obtener o renovar el permiso de residencia.

Son meses esperando conocer el borrador de este reglamento que está elaborando el Ministerio de Interior ‐pese a que la última modificación de la LOEX, de 11 de diciembre de 2009 dispuso que se aprobaría en el plazo de 6 meses‐, sin que haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho menos poder intervenir mínimamente para que se garanticen en él la totalidad de los Derechos de las personas que son internadas en los CIE.

Esta ausencia de diálogo sólo puede presagiar la imposición de una norma restrictiva y limitadora de derechos que dé continuidad a la actual inseguridad jurídica propiciada por la imposición unilateral y arbitraria de las normas de cada centro. Las denuncias documentadas sobre el funcionamiento de los CIE, formuladas en los últimos años por el movimiento asociativo que trabaja a pie de calle, así como por entidades europeas, comisiones del Parlamento Europeo e instituciones españolas como el Defensor del Pueblo, y equivalentes autonómicos, o la propia Fiscalía General del Estado, no pueden obviarse en el próximo Reglamento.

Por ello, pedimos una interlocución oficial que permita al movimiento asociativo y al resto de entidades implicadas, una participación real en el debate en torno al futuro Reglamento. La sociedad civil no puede ser excluida del proceso de elaboración del Reglamento que regulará el funcionamiento de estos espacios donde miles de personas permanecen detenidas por no tener su situación administrativa regularizada. Son nuestras vecinas y vecinos, parte importante de una sociedad en la que no cesaremos en nuestro empeño de que sean respetados los Derechos de las personas, independientemente del lugar donde hayamos nacido.

Es necesaria, entonces, la implicación de todos los estamentos de nuestra sociedad para conseguir dicha interlocución. El pronunciamiento de las entidades sociales, de las que se mueven en el ámbito jurídico, en el mundo universitario, en el campo de la salud pública, de la enseñanza, etc. puede favorecer que Interior apruebe un Reglamento que garantice y desarrolle los derechos básicos de las personas encerradas en los CIE. Insistimos en que el único derecho limitado por el ordenamiento jurídico a dichas personas es el de la libertad ambulatoria.

Por ello, el Reglamento ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos: a la integridad física y psicológica, a la salud, a la asistencia jurídica y social, a la comunicación sin trabas y respetando el derecho a la intimidad, al conocimiento y ejercicio de sus derechos, a unas instalaciones en condiciones. Y en tanto los tiempos conduzcan a un cierre de estos centros, se ha de acabar con el oscurantismo sobre su funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas, el acceso de las entidades sociales y proporcionando información pública y estadísticas precisas sobre las personas que pasan por los CIES, su situación jurídica, la duración del encierro y la resolución final del mismo, su expulsión o puesta en libertad.

Organizaciones firmantes: ACSUR, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Campaña “CIE’s No” (Valencia), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Convivir Sin Racismo, Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, Grupo Inmigrapenal, Médicos del Mundo, Migreurop, Mugak, Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes (Málaga), Pueblos Unidos, Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (Universidad de Barcelona), Parroquia San Carlos Borromeo (Madrid).