La Asociación Buxus pide que se convoque el organismo rector de la Charca de Suárez ante la presentación del proyecto de puerto privado

Ante la presentación del estudio de viabilidad del puerto privado que se construirá junto al espacio protegido de la Charca de Suarez y los previsibles impactos que este puede generar sobre sus ecosistemas, la Asociación Buxus ha dirigido sendas cartas al Ayuntamiento de Motril  y a la Delegación provincial de Medio Ambiente para convocar de forma urgente al órgano rector para estudiar la posible incidencia ambiental de este proyecto.

La Asociación ve riesgos de alteración de la calidad química de las aguas y de los niveles freáticos en el espacio protegido inducidos por esta obra, por lo que cree imprescindible una evaluación más pormenorizada de estos aspectos que debe ser realizada desde este órgano.

La Asociación ha manifestado a través de sus alegaciones su preocupación por este y otros aspectos del proyecto y en este momento trabaja en la redacción de un conjunto de medidas correctoras y compensatorias que el proyecto debería incorporar para mitigar estos impactos.

Buxus  espera que las administraciones competentes se involucren en este proceso para evitar daños que puedan ser irreversibles en este espacio único en la costa de Granada.

ALEGACIONES AL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PUERTO MARINA PLAYA GRANADA (MOTRIL) PROMOVIDO POR MARINA Y DESARROLLOS PORTUARIOS DE MOTRIL, S.L.,  

1. Afecciones Medioambientales del proyecto.

Contrariamente a lo indicado en el estudio de viabilidad presentado, la actuación prevista no solo no supone una mejora medioambiental del territorio afectado, sino que por el contrario, supone una grave afectación al espacio natural de la Reserva Concertada de la Charca de Suarez y a la ampliación prevista de este espacio recogida tanto en el Plan de Uso y Gestión como en el planeamiento vigente. 

Efectivamente, el proyecto limita directamente con el parque de los humedales del Guadalfeo, espacio delimitado en el vigente PGOU que recoge no solo la actual reserva concertada sino otros humedales estacionales como la Charca de Vinuesa localizado a menos de 25 metros del límite del proyecto presentado. Precisamente la cesión del territorio ligado al parque es una cesión obligatoria ligada al desarrollo de los sectores PLA-1 y PLA-2 por lo que no ha podido pasar desapercibido a los redactores del informe. 

La principal afección de la construcción de la marina sobre este enclave se focaliza en los cambios sobre el elemento que los define, esto es, el agua. La marina, supone la excavación del orden de 90.000m2 sobre el área de descarga del acuífero detrítico Motril-Salobreña con tres niveles de impacto no evaluados en el documento de viabilidad: 

a)      El incremento del perímetro de descarga del acuífero en este punto, cuya sección llega a triplicar la superficie afectada por el flujo subterráneo actual. Esto tendrá como principal efecto el incremento de la descarga en este punto, afectando al gradiente hidráulico en la zona y generando un descenso de los niveles piezométricos y un cambio en las direcciones de flujo subterráneo hacia esta zona, cuya principal afectada será la zona encharcada de la reserva y sus zonas de crecimiento que se extienden hasta el mismo borde de la marina.

b)     El incremento de la evapotranspiración sobre el acuífero debido a la exposición directa de una lámina de agua del orden de 90.000m2  y la consiguiente pérdida del recurso.

c)      La degradación de la calidad química de las aguas subterráneas como consecuencia directa del avance de la cuña salina y la previsible afectación a las comunidades de flora y fauna actuales ligadas a la reserva y su zona de ampliación. 

Asimismo, la marina proyectada, lejos de constituir un humedal como se indica en el estudio de viabilidad, constituye una obra antrópica sin viabilidad para la conformación de hábitats cualificados, menos aún el de un humedal cuya principal característica es la enorme producción de biomasa y su alta biodiversidad. Por otro lado, su funcionamiento constituye un grave riesgo para la calidad de las aguas de la reserva debido a la utilización de productos de mantenimiento de las embarcaciones, combustibles y residuos que la negligencia, los accidentes o las malas prácticas llevaran con seguridad a la lámina de agua y de ahí al acuífero que alimenta  a la reserva. 

Otra de las mejoras ambientales indicadas en el proyecto, como es la mencionada mejora del drenaje y las inundaciones de la playa de Poniente, nada tiene que ver con la realidad. Efectivamente, las inundaciones que en los últimos años han afectado a la zona residencial colindante, tienen que ver con un inexistente mantenimiento de la red de acequias de los suelos adquiridos para desarrollo urbanístico, con la mal diseño de la red de evacuación de pluviales y por la localización a cotas por debajo del nivel del mar de las cocheras y trasteros de estos espacios que en  ningún  caso van a ser solventados por la construcción de la marina. En el caso de la charca, las inundaciones constituyen el proceso normal de ciclo anual e interanual de extensión de los ambientes charcustres y su modificación supondría un importante cambio en la dinámica hídrica y biológica del sistema. 

Finalmente cabe referirse a la supuesta mejora medioambiental que supone el cambio de uso desde hotelero-comercial a la marina, referido esencialmente a su vertiente paisajística. Efectivamente el nuevo proyecto supone la no ejecución de 120.218m2 de techo edificable correspondiente a 4 hoteles, un apartahotel y zonas comerciales. Sin embargo esto no supone que este volumen edificable no se ejecute en la periferia. Como indica el proyecto, los 800 amarres contemplados pueden generar una demanda de 16 hoteles y 3 campamentos turísticos, además de la revalorización de entre un 5 y un 20% de las viviendas adyacentes, en suma, la ejecución del proyecto supone una demanda de nuevos suelos hoteleros y residenciales que cuadriplica el espacio ocupado y que genera nuevas tensiones sobre los suelos no clasificados. Por tanto, lejos de suponer una mejora sobre el modelo especulativo-inmobiliario precursor de la actual crisis económica global, profundiza en este modelo insostenible induciendo nuevos desarrollos. 

1. Afecciones socioeconómicas. 

Desde el punto de vista de las ventajas socioeconómicas el proyecto, este suscita graves incertidumbres. 

En primer lugar, resulta escasamente creíble la cifra de 1000 puestos de trabajo ligados a la instalación. De un lado, las aproximaciones realizadas reflejan que la mayor parte de las cifras de empleo de otras instalaciones similares están ligadas a la actividad pesquera. Asimismo, el propio proyecto indica que no existe una relación entre el número de amarres y el incremento de la tasa de actividad en la zona de influencia y resulta chocante que no se tenga en cuenta los índices de renta disponible y PIB provincial en la comparativa con otras zonas de la península. Por el contrario dos datos son suficientemente aclaratorios: la experiencia del puerto deportivo actualmente existente dentro el recinto portuario y su prácticamente nula repercusión sobre la económica local y los datos del estudio de explotación de la marina que cifra como gastos 18 puestos de trabajo a los que habría que sumar, extrapolando datos, otros 35 que presumiblemente se generarían ligados a la actividad comercial. Muy lejos de los 1000 inicialmente declarados. 

A continuación es necesario reconsiderar la viabilidad del proyecto respecto de la demanda. Se indica que existen 942 titulares de embarcaciones matriculadas en Granada cuyas embarcaciones se encuentran fuera de la provincia y que potencialmente pueden ocupar los 800 amarres disponibles. Sin embargo este cálculo obvia que el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada ha definido 5 zonas para la localización d  otros tantos puertos deportivos, al que hay que sumar el ya previsto en el PGOU de Motril y otras marinas que pudieran construirse, de tal modo que la planificación actual prevé una oferta que fácilmente puede triplicar la demanda prevista. 

Finalmente, es necesaria matizar la afirmación sobre el impacto positivo de la actuación sobre el patrimonio público al pasar este espacio en su gran mayoría a ser dominio público. Hay que recordar que esto es así por mandato de la ley d  costas y que la actuación prevista supone la ocupación del ancho del canal de los dos accesos a la marina, que suman del orden de 10000m2 de ocupación de zonas ajardinadas y playa pública, que pasan a tener un uso privativo. 

1. Sobre los trámites ambientales y los niveles de protección. 

Resulta imprescindible recordar, en contra del criterio manifestado en el estudio de viabilidad, que la actuación prevista no ha pasado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ya que, si bien si lo hizo el PGOU, se realizó para una actividad, la hotelero-comercial, que es radicalmente distinta a la marina propuesta, cuya afectación sobre las aguas subterráneas y sobre la reserva natural de la charca de Suarez es evidente y crítica. Asimismo, cabe recordar que, contra el criterio igualmente manifestado en el estudio de viabilidad, la vega occidental ha sido protegida por el vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada como zona de protección territorial, de interés paisajístico. 

Por todo ello, esta asociación muestra su oposición al actual proyecto en los términos en que se encuentra formulado, solicita el análisis y las propuestas correctoras que eliminen los impactos detectados así como su sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.