El juicio por el desplome de la A-7 será en febrero, seis años después

 

El juicio por el desplome de una estructura metálica en un viaducto en construcción de la autovía A-7 a su paso por Almuñécar (Granada), que costó la vida a seis trabajadores, cinco de ellos portugueses, ocurrido en noviembre de 2005 ha sido fijado para febrero de 2012.

Mañana se cumplen seis años del siniestro, por lo que los sindicatos UGT y CCOO se concentrarán en el lugar en que se produjo el desplome para realizar un acto de homenaje en recuerdo de los seis trabajadores fallecidos mientras realizaban trabajos de construcción de la Autovía del Mediterráneo.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que la vista oral, que sentará en el banquillo de los acusados a once personas, comenzará en el Juzgado de lo Penal número uno de Motril el 1 de febrero.

La jueza que instruyó el caso acordó la apertura de juicio oral contra doce imputados por el desplome, si bien la Fiscalía acusó en su escrito de conclusiones provisionales a once de ellos y solicitó el sobreseimiento de la causa para el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

En concreto, la acusación pública pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada una de las once personas a las que imputa por el accidente, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento.

A diez de estos once imputados, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad de Fomento, se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes, por los que se enfrentan a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo.

Para el último acusado, el capataz de Estructuras y Montajes de Prefabricados, una de las empresas que intervino en la obra, el fiscal pide tres años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación por seis delitos de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes.

 

Por su parte, el sindicato UGT, personado en la causa, pide un total de 52 años y medio de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados, mientras que CCOO solicita un total de 288 años de cárcel para los doce imputados por la jueza.