IU denuncia una presunta estafa al ayuntamiento de Almuñécar

Fermín Tejero, portavoz de IU, piensa que se pueden haber cometido varios delitos que tendrá que calificar quien corresponda y que habría que poner en conocimiento de la justicia. A primera vista. podríamos estar ante un delito de presunta estafa al ayuntamiento y otro de presunta malversación de fondos, además de un tercero de presunta prevaricación. 

Según el portavoz de IU, el ayuntamiento pagó en 2010 un total de 49.829 euros a la empresa Viales Plata por unas obras que la empresa no llegó a terminar. Las obras fueron contratadas con el título de “Red de Hidrantes en Peña Escrita”, y su objetivo era mejorar la protección contra incendios con una red de tuberías bajo tierra. Según un informe técnico del 23 de enero de 2012, estas obras se han quedado a medio hacer, aunque se han pagado en su totalidad ya que había un certificado del ingeniero municipal asegurando que se habían terminado.

Según los datos de que dispone IU, las tuberías no se colocaron bajo tierra como exigía el proyecto y además sólo se han colocado 16 hidratantes de los 21 que figuraban en el contrato. Además, 7 hidratantes no tienen arquetas ni tapas. Aparte de la estafa, esta situación es peligrosa porque en el ayuntamiento se tenía la certeza de tener un sistema contra incendios que no existía. 

Es decir, los contribuyentes almuñequeros hemos pagado más de ocho millones de pesetas por un sistema contraincendios que no existe. Benavides ordenó que las obras se pagaran porque el ingeniero municipal había certificado la conclusión de las mismas. Las certificaciones de obra se realizaron en cuatro fases: 17 de junio, 30 de junio, 11 de agosto y 13 de diciembre de 2010. Al amparo de esas certificaciones, la obra se pagó en cuatro plazos. El último se abonó el 21 de diciembre de 2010. 

Fermín Tejero cree que, al margen de las medidas disciplinarias en el orden interno, es necesario que este tema se aclare en los tribunales y la empresa explique por qué dejó la obra a medio hacer y se marchó cobrando el total. En opinión de Tejero, esta conducta no es lógica en una empresa que ha trabajado en varias ocasiones para el ayuntamiento. El incumplimiento del contrato era tan evidente que cuando la empresa dejó la obra a medias debía tener la certeza de que nada le iba a pasar. Y eso lleva a la pregunta siguiente, que es dónde ha ido a parar ese dinero que se pagó por un trabajo no realizado. 

El portavoz de IU espera que el anterior alcalde y la alcaldesa ejerzan la acción penal contra la empresa que cobró sin hacer la obra y contra el técnico municipal que certificó que la obra se había terminado. 

Si el ingeniero certificó la obra como acabada y el alcalde desconocía esta situación, es evidente que el ingeniero, además de cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, engañó al anterior alcalde y éste debería proceder judicialmente contra él. Si, por el contrario, Benavides ampara y defiende a este señor, hay que considerarlo conocedor de la estafa que se ha cometido a la hacienda municipal y cómplice de la misma.