Trabajadores del viaducto de la A-7 insisten en que las medidas de seguridad eran "estrictas"

El juicio que se celebra en el Palacio de Justicia de Motril (Granada) por el accidente del 7 de noviembre de 2005 en el viaducto que se construía en el tramo de la A-7 La Herradura-Taramay ha vivido este miércoles su tercera sesión, con la declaración de tres testigos, dos de ellos trabajadores de las empresas contratadas y subcontratadas para la ejecución de las obras, que han insistido en que las medidas de seguridad eran "estrictas".

   Para esta jornada estaba prevista la declaración de otros dos obreros portugueses, que, pese a que se había hecho un oficio a la Interpol para que fueran localizados, finalmente no se ha dado con su paradero. Asimismo, también estaba citado el guardia civil que instruyó el atestado tras el accidente que costó la vida a seis obreros, que no ha podido presentarse en la Sala de Vistas número 3, en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, por estar de baja por enfermedad. Su declaración ha sido pospuesta por ello para el próximo día 20, han informado a Europa Press fuentes del caso.

   Los testigos se han pronunciado en los mismos términos en los que hasta ahora lo han hecho otros trabajadores que desempeñaron distintas labores en la realización de los trabajos. El jefe de la cuadrilla de encofradores, que era empleado de la subcontratada Douro Montemuro, ha reiterado que aquel 7 de noviembre los trabajos de avance de la cimbra, la estructura que sostenía provisionalmente el peso del viaducto en construcción, comenzaron más tarde de lo habitual, sobre las 13,00 horas, porque esa misma mañana se habían hecho las revisiones pertinentes y habituales por otra parte.

   Según ha asegurado, se podría ordenar la paralización de la cimbra si los vientos en la zona eran fuertes, y, para ello, se había instalado un anemómetro que informara de la velocidad de los mismos. Aquel día, mientras trabajaba en uno de los pilares, la cimbra dejó de avanzar de repente, razón por la que se dirigió a otro de los pilares y "ver qué había pasado". Entonces, "todo fue muy rápido", sintió un ruido y cayó al vacío al desplomarse la estructura, resultando herido.

   El otro de los obreros que ha declarado en la jornada de este miércoles trabajaba para la UTE La Herradura, la contratista principal, en la planta de hormigón que se encontraba cercana al pilar donde se posaba la cimbra. Según ha relatado, mientras supervisaba la mezcla de hormigón, la estructura cayó encima de la caseta en la que se encontraba. Se salvó de ser aplastado, según ha dicho, porque un pórtico de seguridad evitó que la cimbra impactara directamente sobre la edificación.

   Los dos trabajadores han coincidido en que nunca sintieron miedo en aquellas obras, donde no se permitía entrar a nadie que no estuviera autorizado y donde las normas de seguridad eran "estrictas". Además, todos ellos recibieron incluso antes cursos de prevención de riesgos laborales.

   El tercero en declarar ha sido el guardia civil que firmó el atestado redactado por el instructor que no ha podido acudir a la sala, y que no tuvo intervención más en lo sucedido.

   Las sesiones continuarán el lunes 13 con el testimonio de otros dos testigos, una de ellos la técnico de prevención de UGT, y comenzarán las pruebas periciales, con el informe que redactó al respecto la Inspección de Trabajo. Ya el miércoles 15 se expondrá el informe pericial sobre las causas del accidente. Además, este miércoles se ha decidido adelantar la fecha para las conclusiones de las acusaciones para el día 27, después de que una de las defensas haya renunciado a la práctica de una prueba pericial. El juicio concluirá previsiblemente el 29 de febrero, cuando quedará visto para sentencia.

   En la primera jornada, que arrancó el pasado 1 de febrero, declararon los once procesados, entre los que se encuentran el ingeniero director del proyecto La Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, o el que fuera coordinador de seguridad de la obra, Juan Mena Delfa, ambos designados por el Ministerio de Fomento. Todos coincidieron en destacar lo "imprevisible" del siniestro puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".

   Las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una ’autocimbra’ para la ejecución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la ’autocimbra’ es ’Puentes y Calzadas’, líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.

   Además de los mencionados, están imputados en la causa el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES

   La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para los once imputados. Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

   Para M.C.M., capataz de la empresa ’Estructuras y Montajes Prefabricados’, el Ministerio Público solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados.

   El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.

   CCOO, también acción popular, ha solicitado 288 años de cárcel para los imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.

   Fue el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, cuando se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.

   Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.