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Ayuntamiento de Motril ve de difícil aplicación el decreto de la Junta para regularizar viviendas

Ayuntamiento de Motril ve de difícil aplicación el decreto de la Junta para regularizar viviendas

  El nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable es "ambiguo y de difícil" aplicación en Motril, donde existen unas 3.000 casas ubicadas en ramblas, zonas forestales o en el dominio de costas.

   Ésta es una de las primeras valoraciones que del decreto se ha hecho desde el Ayuntamiento de Motril y la Asociación Ecologista Buxus, que coinciden en señalar que lo más importante en esta materia es reforzar los mecanismos para detectar, desde su construcción, una vivienda ilegal y no recurrir a medidas traumáticas como una demolición forzosa en tiempos de crisis.

   Según ha señalado a Europa Press el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Motril, José Luis Chica López (PP), la medida es un pequeño paso en la dirección para regularizar la masa de vivienda irregular que existe en el municipio pero a su juicio no "afronta toda la problemática" que conlleva este asunto.

   "Poder controlar todo el término municipal es complicado, harían falta más inspectores, más vehículos y en general más recursos para que el Ayuntamiento pueda ejercer estas competencias que le da la Junta", ha mantenido el edil.

   Asimismo, se ha mostrado contrario a la demoliciones y apuesta por articular una serie de medidas compensatorias desde el punto de vista económico y de restitución medioambiental que deberían cumplir quienes tengan una de estas viviendas en suelo no urbanizable.

   A este respecto ha querido aclarar que en el caso de Motril, la agricultura tradicional ya no funciona y suelen ser las fincas que tienen una pequeña construcción, por ejemplo con fines de ocio para los fines de semana, las que aparecen más cuidadas frente a las que quedan abandonadas.

   Desde la Asociación Ecologista Buxus se muestran más contundentes, y califican el decreto de electoralista, ya que ha surgido a "escasas semanas de las elecciones autonómicas y de un modo improvisado", esto es, "sin entrar en detalles sobre su aplicación" y sin estudios previos en la materia.

   Así, desde Buxus advierten de que será "complicado" aplicar esta normativa porque "hay mucha vivienda que no se puede legalizar y tampoco se puede dejar a sus propietarios en la calle en momentos de crisis".

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