UGT considera aclaradas las causas del accidente de la A-7 en Granada

El sindicato UGT ha presentado sus conclusiones finales respecto al juicio que se sigue en Motril por el accidente laboral ocurrido en la A-7 a su paso por Almuñecar, rebajando la petición de penas para los imputados.

Tras ocho sesiones de juicio y numerosas pruebas practicadas a testigos y peritos, el secretario general del metal, construcción y afines, Francisco Ruíz Ruano, ha mostrado su “satisfacción” por el desarrollo del proceso ya que “se han alcanzado, en términos generales, los tres objetivos planteados por el sindicato”.

Ruano considera que se han aclarado las causas del accidente, achacables a un fallo en las soldaduras y en las uniones atornilladas, descartándose otros factores como el viento o un fallo eléctrico.

Para los representantes de los trabajadores el hecho más importante es que se haya elaborado una normativa, inexistente en el momento del accidente, con recomendaciones para el diseño, el uso y la revisión de las cimbras en este tipo de obras. Para Ruano éste era el objetivo primordial perseguido por el sindicato a la hora de ejercer la acusación particular ya que “si no se toman medidas preventivas y elementos correctores de nada habrá servido el procedimiento, ni siquiera habrá servido haber metido a alguien en la cárcel porque seguirá el interrogante sobre la seguridad de los trabajadores”.

No sólo se ha mejorado el protocolo de seguridad y seguimiento de las cimbras sino que también se revisaron inmediatamente las 80 cimbras que en ese momento se estaban empleando en todas España.

El único punto negativo para UGT se refiere a las empresas certificadoras de la obra: Norcontrol y PROES Consultores, ya que “fueron éstas las que realizaron la declaración de conformidad de la cimbra, asegurando que estaba en buen estado y que era segura y fiable” afirma Ruano.

Ni la jueza instructora del caso, ni posteriormente la Audiencia Provincial , han estimado que estas empresas hayan tenido alguna responsabilidad, hasta el punto de que ni tan siquiera fueron imputadas. Por contra Ruíz Ruano asegura que “aquellos sobre los que debería haber recaído la máxima responsabilidad como certificadores y garantes no se han sentado en el proceso judicial”.

Así las cosas el sindicato UGT, personado en el caso como acusación particular ha anunciado que rebajará la petición de penas para los imputados. Retiran las acusaciones por homicidio imprudente y lesiones al técnico en prevención de riesgos laborales, al jefe de obras, al administrador único y al representante legal de PYC, manteniendo en todos estos casos las acusaciones por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Ruano asegura que “en una actividad de riesgo debe quedar claro quién debe asumir las responsabilidades , que no es otro que quien se beneficia de la plusvalía generada por los trabajadores, esto es, el empresario”.