Montoro cerca las cuentas municipales

EL PAIS.- El Gobierno ha forzado la máquina para ofrecer una vía de escape a los Ayuntamientos, que acumulan miles de millones de euros en deudas con sus proveedores. Y que, a diferencia de las comunidades autónomas, apenas tienen margen para captar financiación externa. En menos de un mes, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos ley y ha cerrado una intensa negociación con la banca. Pero la contrapartida al crédito de 20.000 millones con el que las entidades locales pagarán sus facturas (se han recabado otros 15.000 para las comunidades) será severa: las cuentas municipales podrán ser revisadas por la Intervención General del Estado, a la que se le da incluso la potestad de encargar “actuaciones de control” a auditorías privadas.

Desde el principio, el Gobierno ha ligado este plan de auxilio a que los Ayuntamientos garanticen que tendrán recursos para devolver los préstamos, que cuentan con el aval estatal. Por esa razón, las entidades locales deben presentar planes de ajuste antes de final de mes. Y ha aprovechado cada nueva norma para blindarse ante la eventualidad de retrasos o impagos. El primer decreto ley, aprobado hace dos semanas, y convalidado este jueves en el Congreso, desvelaba que el Ministerio de Hacienda podría retener la participación en los ingresos tributarios del Estado a los municipios que no realicen esos planes o los incumplan.

Los planes de ajuste forzarán a los Ayuntamientos a reducir gastos o elevar sus tasas para garantizar el pago de los préstamos. Pero el Gobierno, además, ha desarrollado un sistema de alarma temprana para detectar esos posibles incumplimientos cuanto antes. Un sistema que implica una vigilancia mucho más estrecha sobre las cuentas municipales.

Los interventores locales tendrán que informar cada tres meses.

El sistema se detalla en el segundo decreto ley, publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado. El decreto regula la creación del fondo estatal que aglutinará la operación financiera. Pero dedica parte del texto a desarrollar el exhaustivo seguimiento del plan de ajuste. El interventor municipal deberá informar, cada año, sobre si la ejecución de ese plan permite lograr los recursos necesarios para pagar los créditos. En el caso de las capitales y los municipios de más de 75.000 habitantes, que concentran buena parte de la deuda con proveedores , el informe deberá ser trimestral.

El interventor municipal tendrá poco margen de interpretación: Hacienda elaborará un reglamento para definir los contenidos de su informe. Y el pleno de la corporación local se limitará a hacer acuse de recibo del documento, sin más.

El Gobierno puede entender que el informe de seguimiento no es suficiente para comprobar la situación de las cuentas municipales. “Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas”, se podrá someter a los Ayuntamientos a “actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado”, añade la nueva norma.

El Gobierno adelanta la mitad de la liquidación de las cuentas de 2010

La Intervención General del Estado decidirá qué controles realizar sobre las cuentas municipales “en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento”. Y, para desarrollar esas actuaciones de control, “podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría”. En todo caso, los auditores privados deberán ajustarse “a las normas e instrucciones que determine” la Intervención.

Con el resultado del informe del interventor municipal, y de los controles de la Intervención del Estado en los casos que así se decida, el Gobierno obtendrá los datos necesarios para saber si el Ayuntamiento puede, o no, pagar el préstamo. En caso negativo, tendrá base para exigir al gobierno municipal un ajuste mayor. Con la fuerza que le da la posibilidad de retener la participación en ingresos tributarios del Estado en caso de que el impago se materialice.

Las nuevas disposiciones reabren el debate sobre la injerencia estatal en el gobierno de los Ayuntamientos. El decreto para agilizar el pago a los proveedores contó con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de buena parte del arco parlamentario (además del PP, votaron a favor PSOE, CiU y UPyD). Pero los alcaldes criticaron que no se contara con la corporación municipal para aprobar el plan de ajuste.

El segundo decreto asume esa preocupación de los regidores, al especificar que la elaboración y aprobación del plan de ajuste corresponde a la corporación local y su pleno. Pero, al mismo tiempo, abre la puerta a un control exhaustivo de sus cuentas por la Administración central. Para compensar, la norma incluye otro gesto para aliviar la situación límite de los municipios: Hacienda anticipará “de oficio” el 50% de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado que “resulten en favor de las entidades locales” correspondientes a 2010. La liquidación definitiva suele realizarse a finales de año.