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IU logra que el Ayuntamiento, mediante bonificación, exima del pago de las plusvalías a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios

IU logra que el Ayuntamiento, mediante bonificación, exima del pago de las plusvalías a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios

La formación de izquierdas que había registrado esta propuesta en el Pleno Municipal, logró el apoyo de todos los partidos políticos, ante una “propuesta que es de justicia”, consiguiendo con esta medida paliar la dramática situación que muchas familias padecen como consecuencia de la imposibilidad de afrontar el pago de los préstamos suscritos al financiar la compra de la vivienda habitual.

Aunque en la propuesta inicial se solicitaba la supresión del pago de la plusvalía para aquellas personas que perdieran su vivienda habitual y única, por desahucios o por ejecuciones hipotecarias, finalmente y dado que es un impuesto que viene fijado por ley, lo que el Ayuntamiento va a poner en marcha es una modificación de la ordenanza para establecer una bonificación que evite el pago de este impuesto a aquellas personas víctimas de embargos o desahucios.

“Es de justicia aplicar este tipo de medidas ya que además de perder sus viviendas deben abonar el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como plusvalía municipal, así como continuar pagando la hipoteca, algo que hay que calificar como de totalmente injustificable en estas situaciones de necesidad”. Ha manifestado Felipe Villa, Portavoz de la formación en el Ayuntamiento.

“Es por ello que ante situaciones como estas el Ayuntamiento como institución más próxima al ciudadano debe poner en marcha cuantos mecanismos estén a su alcance para mitigar estas injusticias, además se ha solicitado a la FEMP que ponga en marcha las medidas necesarias para poder modificar la legislación correspondiente, así como a la Junta de Andalucía para que establezca medidas para eximir del pago del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, a aquellas personas que pierdan su vivienda habitual y única, por desahucios o por ejecuciones hipotecarias.

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