El Gobierno de la Diputación presenta 16 propuestas al debate sobre el Estado de la Provincia

Que la Junta abonara los 40 millones de euros de deuda que mantiene con la Diputación “mejoraría la liquidez que los ayuntamientos tienen relacionada con esta deuda”, ha señalado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, José Torrente 

José Torrente, portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial, ha dado a conocer esta mañana las 16 propuestas que se presentarán en el debate sobre el Estado de la Provincia, previsto para mañana jueves 20 de septiembre. Las 16 propuestas se han elaborado con un espíritu “constructivo y reivindicativo” por parte del Gobierno provincial y prestan especial atención a las ayudas económicas y sociales que el Gobierno central y la Junta de Andalucía tienen comprometidas con la Institución, como es la deuda que la administración autonómica mantiene en materia de Dependencia. 

“¿Ustedes se imaginan que la Junta, responsablemente, hiciera de pronto frente a la deuda de 40 millones de euros que tiene con la Diputación de Granada?”, se ha preguntado el portavoz que ha añadido que “mejoraría la liquidez que los ayuntamientos tienen relacionada con esta deuda”. Por ello, “es lógico que el Gobierno de la provincia exige a la Junta de Andalucía el inmediato pago de todas las deudas pendientes de cualquier concepto”. 

Así, se insta a la Junta a que abone las deudas por transferencias pendientes en base a los convenios de ejecución y planificación firmados con la Diputación de Granada que reclamará también “mejorar la agilidad” en la liquidación de la deuda pendiente en materia de Dependencia, que supera los 18 millones de euros, a fin de que los ayuntamientos puedan liquidar las facturas pendientes de pago a sus proveedores cuyo impago perjudica a las trabajadoras municipales de este servicio. 

En materia social también se pedirá al Gobierno andaluz que, “en vez de recomendar a sus cuadros directivos suspender los ingresos en las residencias de mayores concertadas, se mejore la financiación que permita a las personas mayores en situación de necesidad acceder a cualquiera de las plazas públicas libres en las residencias titularidad de la Diputación y de cualquier otra concertada de nuestra provincia”.

 Por otro lado, Torrente adelantó que también se instará a la Junta de Andalucía a que, en la coyuntura actual, defienda con mejores hechos a las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma, en el ánimo de considerarlas instituciones imprescindibles para el asesoramiento y financiación de los servicios y obras municipales.

“Hay que ser exigente, en este caso, tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno pues o se creen las diputaciones o no se las creen, pero si las instituciones provinciales tienen que seguir desempeñando las que nosotros creemos que son labores imprescindibles en materia de asesoramiento y cooperación con los ayuntamientos, tendremos que estar de acuerdo en que hay que mejorar la financiación de estos entes provinciales”, ha especificado el portavoz del equipo de Gobierno que ha resaltado que la Diputación ha de recibir un apoyo “sin fisuras y si puede ser con financiación”. 

En este sentido, Torrente ha recordado que existen deudas pendientes por parte de la Junta de Andalucía al Servicio Provincial de Tributos de la Diputación de Granada, especialmente las referidas a impuestos municipales cuyo impago perjudica la liquidez de la arcas de los municipios. Es el caso de aquellos con los denominados Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) en sus términos municipales. 

El equipo de Gobierno también instará a las administraciones superiores para que, en los próximos presupuestos, provean la capacidad económica suficiente que garantice la financiación adecuada de las obras, los servicios y las carreteras de la provincia de Granada. Así, se insta a la Junta de Andalucía para que, en el ámbito de sus competencias, agilice la financiación de los recursos previstos en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que ayude a los servicios provinciales y municipales a abonar “con mucha mayor presteza y eficacia los recursos conveniados en los distintos proyectos municipales”. 

Torrente ha recordado, en este sentido, que la inversión de la Diputación Provincial de Granada en el marco del PFEA supondrá la creación, a través de 270 proyectos del PFEA, de más de 200.000 jornales, y 16.500 empleos. 

La reforma de la actual legislación andaluza en materia de vivienda también es prioritaria para el equipo de Gobierno que considera necesaria la mejora de la financiación de los programas de vivienda pública para que “se pueda garantizar el acceso a las viviendas públicas de alquiler sin menoscabo de la ley que hoy impide hacerlo sin las garantías avalísticas previas”. El portavoz ha remarcado que de este modo se podría potenciar la labor desempeñada desde la Empresa Pública de Suelo VISOGSA. 

En materia de turismo, es necesaria la reposición de la financiación suspendida por la Consejería de Turismo correspondiente a la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Costa “según la cual se fulminan de un plumazo los más de 18 millones de euros de financiación previstos para los 63 proyectos turísticos presentados desde el año 2010 en que se anunció y formalizó el compromiso”. 

Las propuestas para el debate sobre el Estado de la Provincia de mañana también contemplan el ámbito deportivo pidiendo colaboración a la Consejería de Deportes en la financiación de los Juegos Escolares Provinciales y los Planes de Instalaciones Deportivas de Granada, así como en la creación de la Comisión Mixta del Deporte Municipal que “sea la auténtica dinamizadora del deporte base de la provincia de Granada, evitando solapamientos y duplicidades competenciales”. 

El equipo de Gobierno también instará a la Junta a que “en el marco de sus competencias exclusivas en materia de empleo y desarrollo, priorice la financiación adecuada para garantizar el no despido de los agentes locales de promoción del empleo (ALPES) de la provincia, a quienes se les ha comunicado por escrito su inminente despido a fecha 30 de septiembre de 2012” en base a lo que el portavoz ha calificado de “decisión arbitraria” que afecta al desempeño de unas tareas “imprescindibles para el desarrollo de los municipios”.