El PSOE alerta de que el despido de 79 trabajadores de los servicios sociales comunitarios supondrá un drama para miles de familias

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha alertado hoy del “drama social” que supondrá el desmantelamiento de los servicios sociales comunitarios por parte del gobierno provincial del PP, que pretende despedir a 79 profesionales de los 13 centros de la provincia. 

Así lo ha denunciado en rueda de prensa la diputada provincial socialista Fátima Gómez, quien ha detallado que a los 24 trabajadores cuyo cese se hará efectivo el próximo 31 de diciembre, se sumará el despido de otros 34 en el primer trimestre de 2013 y el cese de 21 profesionales más para el segundo trimestre de 2013. La representante socialista ha asegurado que peligran además los puestos de trabajo de otras 24 personas, que desarrollan su labor en los ocho equipos de Tratamiento Familiar de la provincia, por lo que podrían ser finalmente 103 los profesionales despedidos. 

La representante socialista ha precisado que los despidos, que afectan al 27 por ciento de la plantilla total, repercutirán sobre la asistencia que prestan estos centros repartidos por toda la geografía granadina. “Los servicios sociales son el corazón de las prestaciones asistencias de la Diputación, y que su presidente, Sebastián Pérez, está hiriendo de muerte”, ha denunciado Fátima Gómez, que ha desgranado el número de usuarios que se podrían ver afectados por el desmantelamiento de estos servicios. 

Así, ha señalado que 7.320 personas que se benefician de la ayuda a domicilio podrían quedarse sin el servicio de profesionales, al igual que los 5.160 usuarios de la teleasistencia domiciliaria; otras 230 familias que reciben las ayudas de emergencia social también se verán afectadas, como las 3.800 familias que han recibido atención directa por parte de estos profesionales; además, ha indicado que 5.100 menores, “los más desprotegidos”, también han sido atendidos y se verán perjudicados por los recortes. 

Cientos de inmigrantes sin personal para atenderlos y miles de expedientes retrasados en todos los programas por falta de trabajadores son otras de las consecuencias de la liquidación de los servicios sociales por parte del PP, a las que se ha referido la diputada. 

Un panorama “desolador” que se traducirá además en la desasistencia para los vecinos de 126 ayuntamientos de la provincia, que perderán a todos sus profesionales, según Fátima Gómez. En este sentido, la representante socialista se ha referido al Centro Norte, con sede en Huéscar, que atiende a 13 municipios, y donde serán nueve los ayuntamientos que pierdan a todos sus profesionales; por su parte, el Centro Río Fardes, en Benalúa, atiende a 35 municipios, de los que 15 perderán a todos sus profesionales; el centro de Alfacar asiste a nueve municipios, de los que dos ayuntamientos perderán a su personal asistencial; por su parte, el centro de la Alpujarra, ubicado en Órgiva, atiende a 36 municipios, de los que 25 perderán a todos sus trabajadores. 

También se verán afectados decenas de ayuntamientos dependientes de los centros de servicios sociales comunitarios comarcales situados en Salobreña, Huétor Tájar, Iznalloz, Pinos Puente, Huétor Vega, Santa Fe, Ogíjares, Las Gabias y Albolote. Además, los Servicios Centrales de la Diputación perderán también ocho profesionales. 

Moción del PSOE 

Para evitar los despidos y las consecuencias que esa decisión del PP va a tener para miles de familias de la provincia, el grupo socialista presentará una moción al pleno de la Diputación en defensa de los servicios sociales comunitarios. “Queremos pedir a Sebastián Pérez que se siente con los trabajadores, que los escuche a través de los sindicatos y que haga un esfuerzo por mantener el empleo de esos profesionales y los servicios sociales, porque es ahora cuando la población más los necesita”, ha señalado Fátima Gómez. 

Para la diputada socialista, “la crisis no debe ser la excusa para hacer desaparecer aquellos servicios que no dan beneficios en metálico”.  “Los servicios sociales son rentables desde el punto de vista de la dignidad de las personas, porque nos igualan en atención, indistintamente del lugar donde vivamos e independientemente de nuestro bolsillo”, ha concluido.